El Partido Popular (PP) ha hecho un llamado claro a seguir adelante con su enmienda, la cual será objeto de debate durante el Pleno programado para este viernes.

En un reciente informe elaborado por una letrada de la Asamblea de Madrid, se ha planteado la urgencia de suspender la enmienda presentada por el PP. Esta iniciativa busca evitar que la Real Casa de Correos, sede del gobierno madrileño, sea reconocida como Lugar de Memoria Democrática, siguiendo lo dictado por la legislación nacional.

Este documento, firmado el pasado 27 de noviembre y que ha sido adelantado por eldiario.es, ha sido accesible para Europa Press. En él, la letrada sugiere que la Mesa de la Comisión correspondiente no admita también dos enmiendas de Vox, ni la del PP, por considerar que alteran “leyes diferentes a las previstas” en la normativa. Según la letrada, estas modificaciones carecen de conexión material con la proposición de ley que se está evaluando. La votación sobre esta ley tendrá lugar en un Pleno extraordinario, inmediatamente después de la discusión sobre los Presupuestos Regionales para 2025.

Las acciones del PP y la Comunidad de Madrid reflejan un intento decidido de oponerse a que la histórica sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), que operó entre 1912 y 1979, obtenga la designación de Lugar de Memoria Democrática.

Desde el Ejecutivo regional, se argumenta que este reconocimiento desfigura el valor histórico del edificio, ya que ha sido testigo de eventos significativos como los del 2 de mayo de 1808. Además, resaltan que ha funcionado como oficina central de Correos y ha albergado el Ministerio de Gobernación y la Capitanía General, así como ser el punto de Kilómetro 0 y el lugar donde se celebra la entrada del Año Nuevo en España.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en los pasillos de la Asamblea que su partido continuará adelante con su propuesta tal como fue presentada, convencidos de la existencia de una conexión material con la ley y asegurando que no hay ningún inconveniente para proteger la Real Casa de Correos.

Díaz-Pache ha afirmado que el vínculo de este edificio con la propuesta legislativa es claro, subrayando que las medidas de gestión administrativa están directamente relacionadas con el papel de la sede de la Presidencia del Gobierno de la comunidad. “Entendemos que la sede tiene conexión material con la ley porque implica medidas eficientes para la administración”, ha enfatizado.

Añadiendo a su argumento, el portavoz del PP ha expresado su deseo de que el edificio continúe siendo, tal como ha sido por los últimos 40 años, la presidencia de la Comunidad y la “casa de todos los madrileños”, tal como establecieron las administraciones socialistas en su día. En este contexto, ha manifestado su confianza en que nadie intente modificar este lugar con propuestas que, a su parecer, solo buscan fomentar la confrontación y la injerencia entre las diferentes administraciones en la Comunidad de Madrid.

En otro orden de ideas, ha acusado al Gobierno de Sánchez de buscar una intervención en la Comunidad de Madrid de múltiples maneras. En sus declaraciones, Díaz-Pache ha mencionado que este intento se manifiesta incluso en lo que respecta a la sede de la presidencia regional, afirmando que desde el gobierno se desea “pervertir” la esencia del edificio, algo que prometen no permitir.

El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid llegó a un nuevo capítulo recientemente, cuando el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo destinado a cancelar el procedimiento iniciado por la Administración del Estado el pasado octubre, en respuesta a las acciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha calificado de “auténtica barbaridad” la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de vincular dicho edificio con el franquismo, señalando también una presunta “invasión de competencias” que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid.

El requerimiento dirigido al Gobierno central representa un paso necesario antes de remitir el asunto al Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre sobre el mencionado organismo judicial.

En la enmienda a la que Europa Press ha tenido acceso, se establece una obligación para el Ejecutivo regional de “proteger y preservar la neutralidad, pluralidad, concordia, respeto a la verdad y a la historia, imagen institucional y significado actual” de la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Además, se señala que en caso de que se propongan acciones que “directa o indirectamente perjudiquen o resulten incompatibles” con esta directriz, los poderes públicos regionales estarán obligados a “ordenar el cese inmediato de estas acciones y a adoptar medidas para reparar el daño”.

El texto también menciona la regulación necesaria para la colocación de placas o distintivos, que deberán contar con “autorización previa” del Consejo de Gobierno, advirtiendo que no se permitirá la instalación de ningún elemento que pueda ser perjudicial o incompatible con los valores mencionados anteriormente. Se requiere, además, que los eventos que se realicen en el edificio cuenten con la aprobación de la Comunidad, evitando la celebración de aquellos que vayan en contra de la “neutralidad, pluralidad, concordia, respeto a la verdad y a la historia, así como de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”.