Alertan sobre otro ataque a personal penitenciario en Soto del Real.

En un contexto inquietante, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alzado la voz ante lo que consideran un preocupante incremento de agresiones contra funcionarios en el Centro Penitenciario Madrid V, ubicado en Soto del Real. Esta situación resalta, según el sindicato, la existencia de un "grave problema de violencia estructural" que enfrentan diariamente estos trabajadores del sector público.

Recientes incidentes en el centro han puesto de manifiesto esta problemática. En uno de esos episodios, un interno agredió a un funcionario propinándole un puñetazo en la cara, mientras que otro empleado resultó con una torcedura en la muñeca al intentar controlar al agresor y restablecer el orden en el módulo, según lo confirmado en un comunicado oficial del CSIF.

El sindicato subraya que estas agresiones no son hechos aislados. De hecho, lo que ocurre en el centro penitenciario refleja una crisis más amplia, ya que en 2022, Soto del Real se convirtió en la prisión de la Comunidad de Madrid con el mayor número de agresiones a sus trabajadores.

Las cifras lo corroboran: en 2025, se registraron un total de 70 agresiones a funcionarios en el sistema penitenciario de la Comunidad de Madrid, de las cuales 25 tuvieron lugar en Soto del Real. Otros centros como Estremera (16 agresiones) y Valdemoro y Aranjuez (diez cada uno) también figuran en la lista de los más afectados.

El balance total de agresiones se mantiene alarmantemente similar al de 2024, cuando se contabilizaron 73 incidentes, lo que, a juicio de CSIF, indica que la violencia en estas instituciones ha alcanzado niveles "estructurales".

Desde la organización, se sostiene que este clima de violencia se debe a la escasez de personal, la falta de recursos adecuados para garantizar la seguridad, y un aumento de internos con comportamientos conflictivos y problemas de salud mental.

En consecuencia, el CSIF demanda al Ministerio del Interior la implementación urgente de medidas que aborden estos temas. Estas medidas incluirían el incremento en la plantilla de funcionarios, el reconocimiento de estos trabajadores como agentes de la autoridad, la mejora de los recursos disponibles y un refuerzo de la atención médica en el ámbito penitenciario, así como la aplicación de normativas que ayuden a mantener el orden en los centros.