Este 25 de noviembre, Madrid se convierte en el epicentro de una protesta significativa, liderada por las trabajadoras de la red dedicada a la atención de mujeres víctimas de violencia de género. Estas profesionales, que llevan a cabo una labor crucial en una de las fases más oscuras que una mujer puede enfrentar, han decidido hacer oír su voz y exigir cambios necesarios para mejorar sus condiciones laborales. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado su confianza en que se lleguen a acuerdos que beneficien a estas trabajadoras que han estado en huelga.

Durante su intervención en el Palacio de Cibeles, donde se han congregado las trabajadoras en huelga, Almeida ha destacado el impacto positivo del trabajo que realizan en situaciones extremadamente difíciles. Según sus palabras, “es fundamental reconocer la labor que hacen en unas situaciones tan complicadas y tan difíciles”, dejando claro que la tarea que desempeñan no pasa desapercibida. Además, el alcalde ha mencionado que el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo significativo para mejorar las condiciones laborales de estas empleadas esenciales.

El contexto de esta protesta no es fortuito. Las trabajadoras han elegido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para llevar a cabo su huelga de 24 horas, un momento que engrosa el calendario de acciones a favor de los derechos de las mujeres en todo el país. En la jornada de hoy, están programados diversos actos en varias ciudades españolas, incluyendo una manifestación por la tarde que verá a los diferentes sectores del feminismo marchando de manera separada, por segundo año consecutivo.

Entre las principales demandas de las trabajadoras se encuentran la exigencia de un incremento salarial que contemple pluses por alta cualificación, antigüedad y riesgo psicosocial. Además, piden un aumento del número de profesionales en cada centro y la instauración de jornadas completas, ya que la mayoría de sus posiciones son a tiempo parcial, lo que genera una precariedad laboral constante y cambios en el personal que afectan la continuidad y calidad del servicio.

Como la meta última de su lucha, las trabajadoras demandan la municipalización de los recursos involucrados, con el fin de transformarlos en servicios públicos. Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de asegurar “la estabilidad, la profesionalidad y la calidad de la atención” que merecen las mujeres afectadas por la violencia de género, subrayando la importancia de unas condiciones laborales que reflejen el valor de su trabajo y el impacto en la sociedad.