En el contexto actual de Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha manifestado su postura acerca del reciente registro obligatorio de viajeros en la industria turística. En sus declaraciones, dejó en claro que no ve la necesidad de que el Ministerio del Interior esté interesado en conocer con quién se pasa la noche en los hoteles de la capital española.

En una entrevista concedida a 'RNE', el regidor argumentó que es esencial encontrar un equilibrio adecuado entre la gestión de la seguridad, que considera fundamental, y la necesidad de proteger la intimidad y la privacidad de las personas. Este punto de vista fue reafirmado por Almeida, quien expresó su preocupación ante lo que podría ser un “desequilibrio” en la aplicación de estas medidas.

El alcalde destacó la importancia de un “meticuloso respeto al régimen de derechos y libertades” que debe prevalecer en una sociedad democrática. Para ilustrar su postura, Álmeida planteó un ejemplo concreto: al alquilar un coche, no se debería exigir al usuario que detalle su ruta o destino, argumentando que tal exigencia no aporta valor a la discusión sobre seguridad.

Asimismo, advirtió que esta nueva regulación podría repercutir negativamente en la competitividad del sector turístico de la ciudad, sugiriendo que las obligaciones administrativas impuestas podrían desincentivar viajes y reservas.

Por su parte, la plataforma Ses.Hospedajes, diseñada para recolectar datos sobre las reservas de viajes, ha informado que desde su implementación obligatoria esta semana, se han introducido un total de 236.811 registros. Esta información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Interior a Europa Press, enfatizando la magnitud del cambio.

A partir del inicio de esta semana, las empresas de alojamiento están obligadas a ingresar alrededor de 40 datos en esta plataforma que, aunque en funcionamiento desde abril de 2022, ha generado una considerable preocupación entre los agentes del sector. Críticas han surgido en relación a la carga burocrática, la posible pérdida de competitividad, y las dudas sobre la protección de la privacidad de los viajeros, reflejando un creciente descontento frente a las nuevas normativas.