El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a la controversia suscitada por los planes urbanísticos relacionados con las propiedades del duque de Alba en el corazón de la ciudad. Aseguró que su administración "no se ocupa de nombres o apellidos, sino de la legalidad de las acciones urbanísticas", en medio de las crecientes críticas de la oposición sobre el destino de estos edificios, que podría ser su conversión en alojamientos turísticos.

Durante un evento en el centro de mayores Canal de Panamá, Almeida se refirió a declaraciones recientes del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, emitidas en la 'Cadena Ser'. Carabante mencionó que se están llevando a cabo obras de rehabilitación en los edificios y que el propietario todavía no ha tomado una decisión sobre su uso futuro.

El delegado de Urbanismo defendió la posición legal del propietario, afirmando que si la normativa lo permite, debe otorgarle la opción de utilizar el inmueble como vivienda turística. Además, sostuvo que no podía restringir el ejercicio de la propiedad privada, catalogada como un derecho fundamental.

Las reacciones desde la bancada de la izquierda no se hicieron esperar. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, arremetió contra Carabante en redes sociales, cuestionando la legitimidad de considerar un 'derecho fundamental' el desalojo de 75 familias en favor de un dueño adinerado. Instó a luchar contra lo que percibe como una injusticia perpetrada por una élite privilegiada.

En una línea similar, Reyes Maroto, socialista y también activa en redes sociales, expresó su indignación. Denunció que etiquetar como 'derecho fundamental' el desalojo de un vecindario para transformar el lugar en pisos turísticos era escandaloso, y pidió la dimisión de Carabante por desestimar el bienestar de los ciudadanos en favor de intereses especulativos.

Almeida, en respuesta a estas críticas, defendió al delegado señalando que el resumen de los ataques es una condena a la defensa de la propiedad privada, característica de un Gobierno que, a su juicio, actúa conforme a la legalidad vigente. El alcalde se cuestionó qué hay de escandaloso en no aplicar diferentes estándares a las personas involucradas, reafirmando su compromiso de adherirse a la ley, sin importar quién sea el propietario.

El alcalde indicó que aún no ha recibido ninguna solicitud formal sobre el futuro de los inmuebles del duque de Alba y reiteró que cualquier acción legal en este sentido debe ser respetada, aludiendo igualmente a casos de figuras menos prominentes. Su mensaje fue claro: se aplicará la normativa independientemente del estatus social del solicitante.

Además, retó públicamente a las líderes del PSOE y Más Madrid a instar al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a utilizar un edificio del sindicato, actualmente destinado a un hotel de lujo, para la creación de viviendas asequibles. Enfatizó que la preocupación por la vivienda debería ser central en todas las gestiones urbanísticas y exhortó a sus contrincantes a abordar realmente el problema en lugar de quedar atrapados en el doble rasero.

Almeida inquirió si tanto Maestre como Maroto tendrían el valor de presionar a una entidad sindical que se considera aliada para evitar que proyecten un hotel en un contexto urbano susceptible a la gentrificación. Criticó el hecho de que el único plan que el PSOE y Más Madrid no han rechazado durante su mandato ha sido precisamente el relacionado con el hotel de la UGT en el centro, lo cual, a su entender, muestra una hipocresía en su discurso sobre la vivienda y la gentrificación en Madrid.