Almeida lidera la reforma de la Ley de Capitalidad ante los "deficientes" resultados tras más de 15 años.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tomado la iniciativa de presidir la Comisión para la Reforma del Régimen de Capitalidad de Madrid debido a las "deficiencias" que presenta después de más de quince años de existencia, cuando se aprobó "en el marco de un proceso de concertación entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Madrid, presidido por la lealtad institucional y la colaboración interadministrativa", según el decreto firmado por el regidor y consultado por Europa Press.
Aunque la aprobación de la Ley de Capitalidad fue un hito para la ciudad, en la actualidad presenta varias deficiencias debido a la falta de adaptación a la legislación estatal aprobada desde entonces, así como la omisión de ciertas regulaciones importantes, como las relativas al régimen financiero.
Por otro lado, "la propia evolución en la estructura económica y social de la ciudad de Madrid, como capital del Estado y gran ciudad metropolitana, requiere empoderar al Gobierno municipal con las competencias y herramientas necesarias para enfrentar la gestión de un entorno urbano cada vez más cambiante e innovador".
La comisión ha iniciado un proceso de análisis que permitirá realizar propuestas de modificación y modernización del régimen de capitalidad, las cuales serán evaluadas por la Junta de Gobierno.
Bajo la dirección de la Alcaldía, la comisión está conformada por personal del Ayuntamiento de Madrid, expertos del ámbito universitario y juristas destacados en temas de régimen local. La selección de expertos y participantes en los grupos de trabajo se realizará en colaboración con el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el marco del convenio establecido desde su participación en el proceso de elaboración de la Ley de Capitalidad.
En el Pleno celebrado la semana pasada, Almeida anunció que se espera que los trabajos concluyan en el primer semestre de 2024. Posteriormente, el texto resultante será sometido a las administraciones para su aprobación en las Cortes Generales.
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