En medio de una tensa controversia política, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su preocupación sobre el papel de Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha sido señalado como "testigo" en la investigación que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este hecho ha levantado un torrente de críticas y preguntas sobre la integridad del proceso judicial.

Durante su intervención ante los medios al ingresar al Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular en Madrid, Almeida no escatimó en críticas. Afirmó que “Miguel Ángel Rodríguez es testigo, no imputado”, cuestionando la lógica de un sistema que a su juicio parece invertir los roles: “Si no hubiera dicho la verdad, supongo que el juez hubiera deducido testimonio. Es que estamos en el mundo al revés. Se le pide al testigo que demuestre su inocencia y no al que esté imputado que diga qué es lo que pasó”. Uno de los puntos que abordó el regidor fue la aparente falta de atención hacia la figura del fiscal general, quien se encuentra bajo un velo de imputación.

Almeida subrayó que la atención debería centrarse en el fiscal, a quien calificó de “clave” en esta narrativa: “El fiscal general del Estado está imputado y todavía no ha explicado cómo es posible que para un asunto oficial, la Fiscalía diera su dirección de correo particular”. Planteó interrogantes sobre la transparencia del proceso, cuestionando por qué un documento oficial fue enviado a un correo personal en lugar de utilizar las vías formales de la Fiscalía.

Con una retórica cargada de indignación, el alcalde se preguntó: “¿Por qué a mi correo particular? ¿Por qué no al correo de la Fiscalía? ¿Se trataba de ganar el relato de la Fiscalía? ¿O el relato de Álvaro García Ortiz y del Gobierno de España? ¿De verdad tenemos que hablar más de Miguel Ángel Rodríguez que un fiscal general del Estado que borró todos los mensajes y cambió de terminal una vez que se inició el procedimiento penal en el Tribunal Supremo?” Las preguntas retóricas de Almeida subrayan la gravedad que él y otros observadores ven en la situación.

Movido por su perspectiva crítica, Almeida instó a no desviarse de los verdaderos temas en juego, enfatizando: “Yo entiendo que hay mucha gente que le interesa más hablar de un testigo, pero a mí me interesa más hablar de un imputado que tiene que explicar por qué borró todos los mensajes y por qué pidió que se le enviara ese documento a su cuenta de correo particular”. Su declaración resalta un grado de frustración ante lo que considera un enfoque desbalanceado en los medios y entre la opinión pública.

Finalmente, Almeida cerró su discurso enfatizando la desigualdad que, según él, marcaría una reacción diferente si las circunstancias fueran distintas. “Si esto lo hubiera hecho un fiscal general del Estado que no fuera de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista, las calles estarían inundadas por los socialistas y la izquierda pidiendo la dimisión de alguien que, presumiblemente, ha podido destruir pruebas”, concluyó, haciendo un llamado a la reflexión sobre la hipocresía política y la importancia de la responsabilidad pública.