Automovilistas solicitan a Almeida suspender multas en Zona de Bajas Emisiones y reembolsar 330 millones.
En una acción contundente, Automovilistas Europeos Asociados exigirá al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que detenga de inmediato el proceso de multas impuestas por ingresar a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y que reintegre el dinero cobrado, calculado en más de 330 millones de euros en 1,7 millones de multas.
La anulación de las ZBE de la capital por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha despertado controversias, señalando una "evidente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas adoptadas en la ordenanza municipal. La portavoz Maestre ha instado a Almeida a apelar la sentencia de inmediato.
Esta decisión se sustenta en una resolución obtenida por Europa Press, en respuesta a un recurso presentado por Vox y admitido parcialmente por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La sentencia anula ciertos preceptos de la Ordenanza 10/2021, modificando la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Específicamente, se han invalidado las secciones de la ordenanza que delinean el alcance de la Zona de Bajas Emisiones en todo el municipio y las áreas de Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección en Distrito Centro y Plaza Elíptica. A pesar de esto, se mantiene vigente el resto del marco legal.
En agosto pasado, la asociación ya había solicitado a Almeida una pausa de dos años en la aplicación de las restricciones para vehículos sin etiquetas, basándose en argumentos similares a los que respalda la sentencia del TSJM.
La asociación de automovilistas destaca que las medidas restrictivas afectan principalmente a personas de bajos recursos, impidiéndoles o dificultándoles gravemente la posibilidad de adquirir vehículos ambientalmente amigables, sin que se haya realizado una evaluación de este impacto. Además, la sentencia señala la repercusión negativa en miles de vehículos comerciales, afectando las condiciones de competencia y mercado.
Aunque la decisión judicial no es definitiva, la asociación confía en que el Ayuntamiento opte por no apelarla, considerando que está fundamentada de manera sólida en la doctrina europea y nacional en materia ambiental.