24h Madrid.

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Ayuso buscará aprobar una ley para que la Comunidad se quede con el dinero del impuesto a grandes fortunas después del fallo del TC.

Ayuso buscará aprobar una ley para que la Comunidad se quede con el dinero del impuesto a grandes fortunas después del fallo del TC.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional tramitará de urgencia una nueva ley que les permita recaudar el impuesto a las grandes fortunas, avalado este martes por el Tribunal Constitucional (TC), para que este se quede "en las arcas madrileñas".

Así lo ha avanzado en declaraciones a los periodistas, tras asistir a la inauguración de la exposición 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido', que acoge la Fundación Canal, después de que el TC se haya mostrado a favor del impuesto, rechazando el recurso que interpuso el Gobierno de Ayuso.

Según ha desgranado, lo presentarán "lo antes posible" para que "esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño" y, de esta manera, "se lo puedan devolver" al mismo.

"Nosotros esperábamos que prosperase porque, además, ha ocurrido así en otros países, que donde se ha aplicado ha causado daños enormes. Como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo", ha sostenido a continuación.

A la dirigente madrileña, le "sorprende" que "le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad". Además, ha incidido en que este impuesto recauda "el 90% en Madrid" y va "contra el patrimonio, el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño". "Evidentemente no vamos a quedarnos parados", ha remarcado.

Fuentes de la corte de garantías han indicado a Europa Press que la mayoría progresista del Pleno ha aprobado por 7 votos contra 4 la ponencia que avala el impuesto. Esta sostiene que su creación no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.