La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en una reciente intervención que España atraviesa el peor momento institucional de su historia democrática, acusando al Gobierno central de ejercer un control excesivo y autoritario sobre la ciudadanía, lo que según ella convierte al país en un Estado policial.

En este sentido, Ayuso ha alertado sobre la restricción de derechos y libertades civiles, la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia como prácticas utilizadas para mantener la justicia, lo que, a su juicio, ha arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos.

La dirigente madrileña también ha criticado la situación de su pareja, Alberto González Amador, cuya declaración fue troceada y publicada sin autorización debido a su relación con una adversaria política, lo cual considera ilegal en un Estado policial.

Ayuso ha realizado duras críticas al Ministerio del Interior, acusándolo de nombrar a dedo a los policías que investigan casos judicializados, así como de amordazar a Televisión Española desde el control político, en beneficio de empresas audiovisuales afines al Gobierno central.

La presidenta autonómica ha advertido sobre las características comunes de un Estado policial, como la vigilancia extrema, la represión política, la persecución de disidentes y críticos, la ausencia de derechos civiles y las restricciones a la libertad de expresión, entre otros aspectos.

Finalmente, Ayuso ha destacado que esta situación perjudica a la empresa, a la inversión y a la imagen de España en el mundo, concluyendo que muchos han advertido de estos peligros aunque haya quienes prefieran ignorarlos.