Ayuso destaca que España no es un Estado federal y aboga por un debate abierto sobre los asuntos comunes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto firmemente su postura en relación al modelo territorial de España, afirmando que el país no es un "Estado federal". En un reciente encuentro celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, durante la Conferencia de Presidentes, instó a aquellos que deseen modificar esta estructura a que incluyan sus propuestas en sus programas electorales y se presenten directamente ante los ciudadanos.
Este mensaje fue compartido durante una reunión que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes autonómicos. Ayuso enfatizó que todos los ciudadanos deberían ser tratados por igual en cuanto a derechos y oportunidades, argumentando la importancia de debatir sobre el futuro del Estado de las autonomías frente a una propuesta federalista que, según ella, no refleja la realidad española.
La presidenta animó a quienes defiendan un cambio del modelo estatal a presentarse con un mensaje claro: "queremos cambiar el modelo y vamos a ser la República Federal, con Cataluña como nación con autonomía financiera y recursos propios". Señaló que esta discusión debe ser llevada a la mesa y que corresponde a los españoles tomar la decisión al respecto.
Ayuso también hizo hincapié en que, mientras España permanezca unida y en su actual configuración autonómica, es crucial que las decisiones que afectan a todos sean debatidas con transparencia y confianza, para definir en conjunto qué tipo de país desean construir.
En cuanto a temas prioritarios como la sanidad, Ayuso abordó la escasez de médicos en España, un problema que anticipó será más dramático en los próximos años. Indico que hay "decenas de miles de personas extracomunitarias" esperando la homologación de sus títulos profesionales, así como la necesidad urgente de agilizar el acceso a ciertos medicamentos, especialmente para tratamientos oncológicos, que actualmente pueden tardar más de 1.200 días en ser aprobados.
La presidenta también se pronunció sobre la cuestión de la okupación, subrayando la necesidad de proporcionar seguridad para los propietarios que deseen alquilar sus viviendas. Aseguró que las intervenciones del Gobierno sobre el mercado de la vivienda no han resuelto los problemas existentes y que la baja oferta de alquiler se debe a la falta de confianza de los ciudadanos en el sistema.
En el ámbito de la inmigración, Ayuso puso cifras sobre la mesa, señalando que en el último año aproximadamente 2.375 menores y más de 400.000 migrantes han llegado a Madrid a través del aeropuerto de Barajas, muchos de los cuales son redistribuidos a otras comunidades. Criticó esta práctica de "repartir personas como si fueran muebles", argumentando que no es un acto de solidaridad si no se abordan las causas profundas que generan esta situación, como la tragedia de aquellos que han perdido la vida en su intento de llegar a España.
La presidenta, mientras abogó por una postura solidaria hacia Canarias, también pidió que se preste atención a las necesidades de los inmigrantes y de los ciudadanos en general, quienes a menudo carecen de servicios básicos debido a la saturación. Ayuso advirtió que en muchos pueblos de España la situación está alcanzando un desequilibrio crítico, y que resulta engañoso promover una imagen de consenso cuando la realidad está lejos de ser tan positiva.
Finalmente, expresó su deseo de que España adopte una postura firme ante la Unión Europea sobre estos asuntos y que los mensajes optimistas no desdibujen la gravedad de la situación actual. "Es profundamente desleal ignorar los problemas reales que enfrentamos al dejar las fronteras sin control", concluyó Ayuso, subrayando así la complejidad de los retos migratorios a los que se enfrenta el país.