Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están analizando el texto registrado para determinar si se podría impugnar legalmente, según fuentes oficiales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para discutir los acuerdos alcanzados con ciertos partidos políticos, como la Ley de Amnistía, en el marco de su investidura.

El Consejo de Gobierno ha debatido esta petición debido a la preocupación e inquietud de la sociedad española, especialmente la sociedad madrileña, ante los acuerdos adoptados con el propósito de lograr la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

García ha afirmado que estos acuerdos atentan contra el consenso de todos los españoles y afectan a las demás comunidades autónomas. Ha destacado la necesidad de que el Gobierno de la Comunidad reclame un trato justo frente a acuerdos incompatibles con el interés general.

En relación a la urgencia de la convocatoria, García ha argumentado que debido a la gravedad de los pactos, la reunión debe realizarse lo antes posible. Ha subrayado que es una obligación moral que Sánchez rinda cuentas y explique los compromisos que ha hecho durante esta investidura.

La presidenta Ayuso ha solicitado a Sánchez que aclare los efectos que dichos compromisos políticos tendrán sobre los principios fundamentales del Estado de Derecho. El miércoles, Sánchez se enfrentará a la primera sesión del debate de investidura, que presumiblemente se aprobará este jueves con los votos del PSOE, los partidos independentistas catalanes, los regionalistas vascos, el BNG y Coalición Canaria.

El acuerdo señala que principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la legalidad, la separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución española, podrían verse seriamente comprometidos, lo que tendría consecuencias perjudiciales para el conjunto de la Nación, según ha asegurado la presidenta Ayuso.

Ayuso considera que estos acuerdos podrían alterar las normas básicas de convivencia y, por lo tanto, ha solicitado esta reunión a Sánchez, de acuerdo con el artículo 4.3 del Reglamento, para que informe y dé a conocer a los presidentes autonómicos y a toda la ciudadanía española el alcance y los efectos de los contenidos y condiciones asumidos para lograr la investidura, a un costo inasumible para la sociedad española.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende la igualdad de trato para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, y aboga por un trato justo y equitativo que esté en consonancia con el ordenamiento jurídico sin violar la separación de poderes que rige el Estado de Derecho, según han enfatizado.

El documento del Consejo de Gobierno sostiene que la sociedad madrileña necesita acciones que garanticen la defensa de sus derechos y aspiraciones legítimas. Añade que es una obligación ética y política reclamar un trato justo que no se vea comprometido por compromisos incompatibles con el interés general y en particular con el de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Por lo menos diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto con Canarias, han formalmente solicitado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para discutir los acuerdos de investidura con ERC y Junts, que incluyen la ley de amnistía y la condonación de deuda, entre otras cosas.

Esta solicitud oficial ya ha sido enviada a las autoridades gubernamentales correspondientes. Según el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, las comunidades pueden solicitar formalmente una reunión de este foro multilateral cuando se sumen al menos diez solicitudes, como en este caso, aunque la decisión final corresponde a Sánchez.

En cualquier caso, La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Cantabria, Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Canarias ya han anunciado que han enviado la solicitud al Gobierno de Sánchez para convocar la Conferencia de Presidentes y discutir los acuerdos de investidura.

La Conferencia de Presidentes es el órgano de máxima cooperación política entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Está compuesta por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En respuesta a la pregunta sobre si la Comunidad de Madrid llevará la Ley de Amnistía ante los tribunales, como anunció la Región de Murcia, el consejero ha explicado que el texto ya está en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ha aclarado que es solo una propuesta de ley y aún no ha sido clasificada por la Mesa del Congreso. Por lo tanto, no se podrá presentar un recurso hasta que se apruebe. Actualmente, se está estudiando el texto, ha afirmado García.

García también ha enfatizado la importancia de que Sánchez explique los acuerdos y sus efectos en las demás comunidades autónomas. Ha planteado la cuestión de si la "mayor inversión" en Cataluña se traducirá en un detrimento para Madrid, que ya se encuentra en una situación precaria, y ha insistido en que la deuda condonada a Cataluña no desaparece, sino que es sufragada por el conjunto del Estado.