Ayuso rechaza la reestructuración de la deuda regional en defensa de la responsabilidad y la transparencia.
Madrid, 11 de septiembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que la región no se beneficiará de la propuesta del Estado para condonar parte de su deuda, argumentando que esta normativa es “ilegal” y que su decisión responde a un sentido de responsabilidad y transparencia.
Durante su intervención en el inicio del Debate sobre el Estado de la Región, Ayuso criticó al Gobierno, al que acusa de intentar “penalizar a las comunidades más bien administradas” mediante una oferta que, según ella, solo fomentaría el endeudamiento en lugar de promover una gestión económica saludable.
La mandataria denunció lo que considera un vínculo problemático entre el sistema de financiación de Cataluña y la condonación de deuda, señalando que, después de que el Estado asuma parte de esta carga financiera, se sacaría a Cataluña del régimen común, alterando así su contribución al sistema. Para Ayuso, esto representa una “doble trampa” que afecta la equidad fiscal entre las comunidades.
El Gobierno español, por su parte, ha aprobado un anteproyecto de ley que prevé la condonación de la deuda de varias comunidades autónomas, lo cual, según sus estimaciones, permitiría al Estado asumir hasta 8.644 millones de euros de la deuda madrileña, lo que equivaldría a una reducción del 24% en su pasivo, según lo comunicado por la administración central.
El Pak de medidas que se plantea implicaría la asunción de un total de 83.252 millones de euros en deudas acumuladas por las comunidades autónomas, beneficiando especialmente a Andalucía y Cataluña, que recibirían 18.791 millones y 17.104 millones, respectivamente, concentrando más del 43% del total destinado a la reducción de deudas.
En respuesta a este anuncio, diversas comunidades gobernadas por el Partido Popular han manifestado su oposición al anteproyecto, prometiendo luchar tanto en el ámbito político como judicial para impedir su aprobación, aunque algunos de sus líderes regionales no han aclarado si finalmente decidirán no acogerse a la medida en cuestión.
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