Ayuso y su pareja piden al Supremo que impute al fiscal general

El ciudadano Alberto González Amador ha dado un paso más en su lucha por la justicia al solicitar al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. Esto se relaciona con la orden que dio para que la Fiscalía de Madrid difundiera una nota sobre los correos entre la defensa de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal Julián Salto, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La petición se formalizó en un escrito enviado a la Sala Segunda después de que el magistrado Francisco José Goyena trasladara al Alto Tribunal la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en respuesta a la querella presentada por Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Se ha solicitado, según las mismas fuentes, que se requieran los emails de la cuenta personal del fiscal general del Estado como parte de las investigaciones en curso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid envió una exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que considerara la posibilidad de declararse competente para continuar con las diligencias pertinentes.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el magistrado decidió archivar las actuaciones respecto al fiscal Julián Salto al entender que su participación en la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue simplemente un acto instrumental, sin mayores implicaciones penales.

Esta decisión se tomó luego de que el instructor informara a las partes sobre un escrito en el cual el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reconocía su responsabilidad en la difusión de la nota mencionada sobre los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal querellado Julián Salto y la defensa de Alberto González.

La admisión de responsabilidad fue verbalmente en un evento institucional realizado en la sede de la Fiscalía en abril, y posteriormente fue ratificada en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 10 de septiembre, donde además solicitaba que el caso fuera trasladado al Tribunal Supremo para su evaluación.