El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha aplaudido la reciente decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, de empezar a tomar medidas contra las viviendas de uso turístico (VUT) que operan de manera ilegal. Carabante afirmó que “ya era hora” de que el ministro asumiera su responsabilidad en esta materia, recordando los años de inacción en el tema.

Esta reacción surge después de que el Ministerio impusiera una multa de 64 millones de euros a la conocida plataforma de alquiler de viviendas turísticas, Airbnb, por infringir la normativa al anunciar propiedades sin licencia. Cabe destacar que esta resolución es definitiva, agotando todas las instancias administrativas tras la revisión de un recurso interpuesto por la compañía.

En declaraciones desde los pasillos del Palacio de Cibeles, Carabante criticó la falta de acción por parte del Ministerio en el pasado. “Es alentador que por fin se estén dando pasos en la regulación de estas actividades, especialmente después de años de declaraciones en las que se evitaba asumir la competencia de regulación”, manifestó.

El delegado también celebró que la intervención del Ministerio permita avanzar en la implementación del Plan municipal Reside, diseñado para regular estas viviendas. Sin embargo, lamentó que estas acciones se hayan llevado a cabo sin el respaldo de las administraciones estatales, que, según él, han optado por mantenerse al margen.

“Lo que esta sanción evidencia es que, a lo largo de todo este tiempo, se nos había hecho creer que no había competencias para actuar. Ahora, con la multa, se demuestra que sí existe la potestad necesaria para perseguir a los VUT ilegales. A través del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando en esta dirección; ahora faltaba que la Administración General del Estado se involucrara”, concluyó Carabante.