La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, liderada por Ana Dávila, ha anunciado la implementación de nuevas auditorías en los centros para supervisar la calidad de la alimentación ofrecida.

En una rueda de prensa celebrada en Madrid, Dávila se ha mostrado "satisfecha" con la mejora en el servicio de residencias de mayores en la región, destacando un aumento significativo en las inspecciones hasta alcanzar las 5.800. No obstante, ha subrayado la necesidad de seguir avanzando en la calidad de esta prestación mediante la adopción de nuevas medidas.

La consejera ha elogiado el trabajo "profesional y exhaustivo" de los inspectores de la Dirección General de Calidad, que llevan a cabo dos inspecciones por centro al año, a pesar de que la ley solo exige una anual. Además, se realizarán visitas técnicas para monitorear y corregir posibles deficiencias en los centros.

Esta intensificación de las inspecciones ha permitido al Gobierno regional tener un mayor control de las situaciones en las residencias y asegurar la seguridad de los usuarios. Además, se implementarán nuevas auditorías para supervisar el proceso de los servicios de alimentación, con el objetivo de introducir mejoras.

En cuanto a los retos de legislatura, Dávila ha destacado la importancia de la escucha, la gestión, la calidad y la transparencia. Durante el primer año de gobierno, se han cumplido el cien por cien de las medidas incluidas en el programa electoral, con el 50% ya cumplidas.

En materia de natalidad, las medidas de apoyo implementadas en Madrid han dado resultados positivos, reflejados en un crecimiento del 4,5% según datos del INE. La estrategia de natalidad, que cuenta con una inversión significativa, seguirá siendo una prioridad para el Gobierno regional.

En cuanto a la dependencia, la Comunidad de Madrid ha alcanzado un récord de beneficiarios, con un total de 183.000 personas, un 37% más que hace tres años. Se destinó la mayor inversión de la historia a esta cuestión en 2024, con la incorporación de nuevas plazas públicas y servicios para atender a personas mayores, con discapacidad o enfermedad mental grave y duradera, así como de atención temprana.

No obstante, la consejera ha instado al Gobierno central a cumplir con su obligación de aportar el 50% de la financiación de este servicio, recordando que en 2023 solo contribuyó con el 30% del presupuesto necesario.