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Dávila insta a Bustinduy a equiparar la financiación de la dependencia con la del País Vasco al 50%

Dávila insta a Bustinduy a equiparar la financiación de la dependencia con la del País Vasco al 50%

MADRID, 23 Ene. - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha instado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a que el Gobierno central aumente la financiación para la atención a la dependencia tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, equiparándola al 50% en los mismos términos y plazo de ejecución que se ha acordado para el País Vasco.

Dávila ha explicado que este acuerdo, firmado el pasado noviembre entre el PSOE y el PNV, establece que el Estado abonará a la comunidad autónoma vasca el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo. A su vez, ha señalado que este mismo acuerdo se ha pactado con el Bloque Nacionalista Gallego en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, lo que genera nuevas desigualdades entre los ciudadanos españoles, particularmente entre los mayores y dependientes.

Según datos facilitados por la Consejería de Ana Dávila, el año pasado la financiación por parte del Gobierno central para la dependencia solo cubrió el 31% de la inversión destinada a las personas dependientes en la Comunidad de Madrid, mientras que el restante 69% fue financiado por la propia comunidad. Dávila ha recordado que la Ley de Dependencia establece que la aportación de la Comunidad debe ser al menos igual a la del Estado, y sin embargo, Madrid aporta más del doble de lo asignado por los Presupuestos Generales del Estado.

En caso de que el Gobierno igualase el 50% financiado por la Comunidad de Madrid en 2023, se destinarían más de 270 millones adicionales, lo que permitiría brindar cobertura y atención residencial a 10.000 personas mayores o casi 7.000 personas con discapacidad, según ha detallado la titular de Asuntos Sociales.

En referencia al nuevo programa de alimentos básicos para la población vulnerable a través de la tarjeta monedero aprobado por el Gobierno, Dávila ha solicitado al ministro que se aclaren todas las dudas para su desarrollo, ya que el ministerio no pudo implementarlo el año pasado debido a la falta de previsión del equipo anterior. Dávila ha declarado que el Ministerio de Derechos Sociales está incumpliendo sus propios compromisos y que ahora está realizando un contrato de emergencia para cubrir el periodo de abril a diciembre con una tarjeta provisional que dejará fuera al 70% de las personas vulnerables que actualmente acuden a los bancos de alimentos.