Defensor del Pueblo urge a la Comunidad a tomar medidas para agilizar el pago del Bono de Alquiler Joven.

El Defensor del Pueblo ha instado a la Comunidad de Madrid a acelerar la evaluación del Bono de Alquiler Joven, con el objetivo de reducir los "excesivos retrasos" en el desembolso de esta ayuda. Para lograrlo, se sugiere proporcionar más recursos técnicos y humanos a la Intervención Delegada.

Esta recomendación se incluye en el Informe Anual del Defensor del Pueblo, presidido por Ángel Gabilondo, que fue presentado el pasado martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El informe destaca que el año anterior continuaron llegando numerosas quejas relacionadas con la tramitación del Bono de Alquiler Joven, situación que refleja la difícil realidad que enfrentan los jóvenes, considerados uno de los grupos más perjudicados por los altos precios del alquiler.

Los solicitantes expresaron su frustración por esperar meses sin recibir información sobre el estado de sus solicitudes, o incluso por no ser atendidos a pesar de cumplir con todos los requisitos, debido a la falta de presupuesto. Esto subraya la urgencia de incrementar los fondos en futuras convocatorias.

En el contexto específico de la Comunidad de Madrid, se indica en el informe que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras había suspendido la tramitación de los expedientes a la espera de una nueva orden que incrementara el crédito disponible para estas ayudas. No obstante, esta información no fue comunicada a los solicitantes, según las quejas que llegaron a la oficina del Defensor del Pueblo.

El informe subraya que habría sido conveniente que la Consejería informara a los solicitantes sobre esta situación o, al menos, que se incluyera en la normativa que publica la lista de solicitantes excluidos del Bono de Alquiler Joven en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha recomendado formalmente a la Consejería que notifique a aquellos que cumplen con los requisitos establecidos de la situación de sus solicitudes.

Además, el informe menciona que hay quejas concernientes al tiempo que tarda en llegar la ayuda tras su concesión. En Andalucía, este periodo puede alcanzar hasta dos meses, mientras que en la Comunidad de Madrid podría ser incluso mayor.

Finalmente, se destaca que el departamento liderado por Jorge Rodrigo reconoció que la carga de trabajo relacionada con la supervisión de estas ayudas había superado las capacidades de la intervención delegada. En esta línea, el Defensor del Pueblo ha instado a la Consejería a ajustar adecuadamente el volumen de solicitudes y a fortalecer los servicios de intervención con los recursos necesarios para asegurar un tratamiento ágil y eficiente de los expedientes.