En una operación destacada en la lucha contra el crimen financiero, la Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación de un complejo entramado criminal que operaba en Madrid, especializado en estafas a entidades bancarias. Esta acción ha resultado en la detención de tres individuos, quienes están acusados de ocasionar un daño económico significativo, valorado en 215.000 euros, a través de la creación de más de 280 cuentas bancarias utilizando 17 identidades falsas.

De acuerdo con los informes proporcionados por la Policía Nacional, la investigación incluyó dos registros en inmuebles de la capital española, donde se confiscaron siete terminales de punto de venta (TPV), 1.800 euros en efectivo, así como materiales relacionados con la falsificación de documentos y equipos informáticos utilizados para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

Los arrestos se concretaron en el marco de esta operación, que no solo permitió capturar a los sospechosos, sino que también reveló una serie de delitos que incluyen pertenencia a organización criminal, usurpación de identidad, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa bancaria.

El inicio de esta trama de investigación se produjo tras la recepción de múltiples denuncias de diversas entidades bancarias que estaban experimentando problemas económicos relacionados con operaciones fraudulentas a través de datáfonos. Este fenómeno encendió las alarmas en el sector, llevando a los cuerpos de seguridad a actuar con prontitud.

Los métodos de operación de los sospechosos eran ingeniosos: tras la adquisición de los terminales de pago, empezaban a procesar pagos utilizando tarjetas de crédito o débito que controlaban, realizando transacciones de altos montos. Rápidamente, las compras eran abonadas en las cuentas bancarias fraudulentas que habían establecido.

Una vez que el dinero ingresaba en estas cuentas falsas, los delincuentes transferían fondos a otras cuentas dentro de su red o retiraban el efectivo a través de cajeros automáticos. Después de que los fondos eran retirados, pretendían anular las compras, simulando una devolución al supuesto comprador, lo que dejaba a las entidades bancarias asumiendo la pérdida.

Esto generó una serie de cuentas bancarias deficitarias debido a las prácticas engañosas, afectando a un número significativo de entidades bancarias y creando un grave perjuicio económico a nivel general.

En el intervalo entre las retiradas de efectivo y las reclamaciones efectuadas por los bancos, los implicados se esforzaban por llevar a cabo la mayor cantidad de transacciones posible, hasta que los terminales quedaban bloqueados y su actividad se veía interrumpida.

La investigación ha revelado que este grupo delictivo no planeaba detenerse; al contrario, ya estaban explorando nuevas estrategias para perpetrar sus estafas, indicando su intención de adaptarse y evolucionar, incluso planificando el uso de una popular plataforma de alquiler turístico para continuar causando daños económicos a diversas entidades bancarias.