La jueza de Instrucción número 20 de Madrid ha decidido llevar a juicio a dos altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al derribo ilegal en julio de 2022 de una vivienda en la Cañada Real. Esto a pesar de que el afectado presentó alegaciones en el procedimiento administrativo justificando y probando que se trataba de su domicilio habitual.

En un auto al que Europa Press tuvo acceso, la magistrada ha decidido continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, para determinar si los hechos imputados al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César S. G., y al excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel G. P., constituyen un delito de prevaricación.

Según se informa en 'elDiario.es', la jueza ha pedido a las partes que formulen por escrito sus acusaciones durante la fase intermedia del procedimiento, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid admitió en octubre pasado ante el juez que proporcionó información errónea y que se procedió al derribo sin realizar más consultas previas.

El caso se investiga a raíz de una denuncia del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) por delitos como allanamiento de morada, daños, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y prevaricación, entre otros. CAES sostiene que el derribo forma parte de una campaña de acoso y derribo hacia los residentes históricos de la Cañada Real, buscando beneficiar desarrollos urbanísticos en la zona.

La jueza destaca en su auto las incongruencias entre lo declarado por los investigados y lo evidenciado en la documentación disponible, sosteniendo que existen indicios de criminalidad que justifican su resolución.

Por su parte, la acusación particular señala que el derribo se llevó a cabo sin realizar las comprobaciones necesarias y pese a que el vecino había presentado pruebas de que era su domicilio habitual. Esta actuación, según la acusación, carece de justificación.

El denunciante es un ciudadano marroquí que reside en España desde hace décadas y estableció su domicilio en la Cañada Real en 2004. La vivienda derribada tenía más de 20 años de antigüedad y formaba parte de un grupo de casas antiguas en la zona.

A pesar de que el Ayuntamiento abrió un expediente por construcción sin licencia, el denunciante presentó alegaciones y un recurso contra la orden de demolición, argumentando que no se había realizado un presupuesto previo de demolición. Sin embargo, el derribo tuvo lugar en su ausencia en julio de 2022.

Además del derribo de la vivienda, se intentó derribar una nave colindante y las construcciones de huerto de otra parcela, lo que generó oposición por parte de los propietarios. Estos últimos informaron de que habían abierto un expediente en disciplina urbanística para detener la demolición.