El Tribunal Supremo ha convocado a ocho periodistas como testigos para indagar sobre una posible filtración de información, un movimiento que refleja la gravedad del caso que afecta a la fiscalía y a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En un giro crucial de los acontecimientos, Miguel Ángel Rodríguez, quien se desempeña como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, está citado a comparecer este miércoles a las 10:00 horas ante el alto tribunal. Su testimonio se centra en la investigación sobre Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, en relación con la presunta filtración de información que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional.

El magistrado Ángel Hurtado, encargado del caso, ha dado su visto bueno a la solicitud presentada por García Ortiz y la fiscal Pilar Rodríguez, quienes argumentaron que la comparecencia de Rodríguez podría ser fundamental para esclarecer los hechos en torno a la divulgación de ciertos correos electrónicos que contenían información privilegiada sobre la defensa de González Amador, quien enfrenta acusaciones de delitos fiscales.

Los servicios jurídicos del Estado han indicado que hay evidencia que sugiere que Rodríguez tuvo acceso a al menos parte de los mencionados correos. Esta información comenzó a hacerse pública la noche del 13 de marzo y fue detallada en un comunicado de prensa por la Fiscalía al día siguiente.

Los argumentos presentados por la Abogacía del Estado se basan en un artículo de eldiario.es en el que se alegaba que Rodríguez había sido el responsable de las primeras filtraciones a la prensa. Además, se revisaron dos mensajes en la red social X donde él mismo hacía alusión a esta información.

El primer mensaje, enviado a las 22:41 del 13 de marzo, describe la situación de confusión en la que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González antes de retractarse de inmediato, lo que dio pie a un escándalo informativo. En un segundo mensaje, publicado el 17 de octubre, Rodríguez defendió la veracidad de su información, insinuando que cualquier desmentido sería una manifestación de la ineficacia del sistema judicial.

El análisis de la Abogacía sugiere que Rodríguez pudo haber difundido información engañosa respecto a las acciones de la Fiscalía, cuestionando su acceso a los correos electrónicos analizados en este procedimiento. Por ello, se ha solicitado su testimonio para esclarecer detalles acerca de su acceso a dicha información y sobre quién podría haberle proporcionado esos datos.

Asimismo, el tribunal también ha accedido a convocar a los ocho periodistas que informaron sobre la condición de los correos ese 13 de marzo. Los primeros dos testigos comparecerán el mismo miércoles, mientras que el resto lo hará al día siguiente. La Abogacía del Estado busca esclarecer quién difundió primero el contenido de esos correos electrónicos y a qué hora se realizó dicha difusión, dado que estas preguntas son cruciales en el desarrollo de la investigación.

Es relevante señalar que 'El Mundo' publicó las primeras informaciones sobre un supuesto pacto de la Fiscalía con González Amador a las 21:29 del 13 de marzo, lo que llevó a la Fiscalía a buscar de inmediato los correos electrónicos que documentaran el intercambio entre la defensa y el fiscal Julián Salto, quien comenzó a enviar la información a Rodríguez minutos después.

En la noche de ese mismo día, La Sexta también se hizo eco de la noticia, complicando aún más la cronología de los acontecimientos. Con el fin de esclarecer quién filtró esta información y cuándo, los servicios jurídicos han hecho un llamado al Supremo para que obtenga las noticias originales de 'La Sexta' y 'El Mundo' publicadas en esos cruciales minutos.

Las próximas testimoniales en este intrincado caso incluirán a Julián Salto y Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, programados para el 16 de enero, así como a los responsables de comunicación de las fiscalías, que comparecerán el 21 del mismo mes.

Es fundamental recordar que las investigaciones comenzaron a raíz de una querella presentada por Alberto González en respuesta a una nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid, en la que se buscaba desmentir lo que se consideraba un "bulo" procedente de 'El Mundo'. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó la culpabilidad en función de que la información ya se había divulgada anteriormente, redirigiendo el enfoque hacia la filtración de correos electrónicos.

Finalmente, se suma el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que señala a la Fiscalía General del Estado como responsable de filtrar la existencia de una investigación previa contra González Amador, una noticia que fue reportada por eldiario.es días antes de los eventos que han llevado a este conflicto judicial.