El aumento de abortos en la Comunidad alcanza cifra récord: 20.574 en 2023, un 8% más que el año anterior.

En un año marcado por la pandemia y su impacto en la sociedad madrileña, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) ha experimentado un aumento significativo en la Comunidad de Madrid. Según el informe de la Consejería de Sanidad, en 2023 se registraron un total de 20.574 IVE, lo que representa un incremento del 8% con respecto al año anterior.

Este aumento confirma una tendencia al alza en los últimos años, reflejando una realidad social en la región que merece una reflexión profunda y una acción política decidida.

Del total de IVE realizadas el año pasado, la gran mayoría correspondieron a mujeres residentes en la Comunidad de Madrid, con un 86,5% del total. Sin embargo, también es relevante destacar la presencia de mujeres procedentes de otras Comunidades Autónomas y de países extranjeros, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar estas cuestiones desde un enfoque integral y respetuoso con la diversidad de realidades que existen en nuestra sociedad.

En términos estadísticos, la tasa anual de abortos por mil mujeres de 15 a 44 años en 2023 ha alcanzado un nivel alarmante, superando los valores previos a la pandemia. Este incremento es especialmente significativo en el caso de las mujeres españolas, cuya tasa ha experimentado un aumento progresivo en los últimos años.

Es importante resaltar que la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo se realiza de forma gratuita en todos los casos en los que la mujer lo solicita y cumple con los requisitos legales establecidos. Esta prestación, garantizada por la Ley Orgánica 2/2010 y la Ley Orgánica 1/2023, es fundamental para proteger los derechos reproductivos de las mujeres y promover su autonomía.

En este contexto, es esencial abordar estas cifras desde una perspectiva integral que contemple no solo los aspectos cuantitativos, sino también los factores sociales, económicos y culturales que influyen en la toma de decisiones de las mujeres en materia de salud reproductiva.

Por tanto, es imprescindible fomentar políticas públicas que promuevan la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y el apoyo integral a las mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad o desigualdad. Solo a través de un enfoque inclusivo y respetuoso con los derechos de las mujeres podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todas y todos.