El Ayuntamiento de la capital española ha emprendido la crítica labor de retirar el amianto de más de 5.000 viviendas hasta la fecha, aunque con la significativa ausencia de ayudas económicas. El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha expuesto en la reciente sesión del concejo que planean iniciar en 2026 el censo obligatorio de este material peligroso, conforme a las prerrogativas legislativas.

La responsabilidad de llevar a cabo este censo recae en la Dirección General de Rehabilitación. "Anticipamos que comenzaremos en 2026 con los trabajos que nos proporcionarán datos precisos sobre la presencia de amianto en Madrid", ha comentado González, quien también preside la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

El edil socialista Enrique Rico ha hecho hincapié en la clasificación del amianto como una sustancia cancerígena por la Organización Mundial de la Salud (OMS), subrayando que se trata de lo que él define como una “epidemia silenciosa”. Por ello, ha exigido que su eliminación efectiva y segura sea una urgencia política para el gobierno actual.

Rico ha recordado que el PSOE, en el Pleno de Cibeles, propuso un plan director para la erradicación del amianto dentro de un año y con un horizonte de finalización para 2030. Aunque la propuesta fue aprobada con la abstención del Partido Popular, han transcurrido cinco años sin que se haya materializado un plan, presupuesto o cronograma, lo que ha suscitado su descontento.

El concejal ha denunciado que lo único visible es una falta de cumplimiento legal, señalando que existe una ley que obliga a los municipios a disponer de un censo del amianto. No se puede ignorar la realidad, con aproximadamente 11.000 niños asistiendo diariamente a escuelas que podrían estar expuestas a este “veneno silencioso”.

Rico ha enfatizado que no hay justificación que valga, y ha indicado que no basta solo con tener la responsabilidad de elaborar el censo sin asegurar la contratación de personal adecuado y experimentado para planificar su retirada. Además, ha criticado que se realicen intervenciones puntuales sin una estrategia abarcatodo y ha calificado de “irrealista” el objetivo de eliminar el amianto antes de 2028.

Por su parte, el delegado ha contrarrestado las afirmaciones del socialista, acusándolo de fomentar el “alarmismo” en una metrópoli plagada de edificaciones construidas durante el auge del amianto entre 1950 y 1980. “El proceso de gestión del amianto es sumamente técnico y costoso”, ha defendido, añadiendo que se están redactando pliegos y estudios para garantizar que se cuente con los recursos necesarios. Además, ha cuestionado los plazos impuestos por el Ministerio de Transición Ecológica tras la pandemia, subrayando que ningún ayuntamiento en España ha logrado cumplirlos hasta la fecha.