En declaraciones recientes, la presidenta de la sección de Igualdad del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Estela Martínez, ha destacado un "error" en la Ley de Paridad, explicando que al incluir una nueva causa de nulidad para las víctimas de violencias sexuales, se tomó la redacción equivocada que no contemplaba dos causas objetivas o automáticas de nulidad presentes en el Estatuto de los Trabajadores.

Este error técnico en la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como Ley de Paridad, ha sido reconocido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Según Martínez, este error desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización, o para adaptar su jornada laboral.

Martínez ha señalado que esta medida perjudica especialmente a las mujeres, ya que son quienes más recurren a este tipo de permisos, reflejando aún una falta de avance en la corresponsabilidad entre géneros.

El ICAM ha denunciado también la disposición final novena de la ley, que elimina la nulidad automática en despidos relacionados con la conciliación laboral, lo que podría vulnerar directivas europeas y generar inseguridad jurídica, afectando nuevamente de manera desproporcionada a las mujeres.

En respuesta a esta problemática, Martínez ha aconsejado a los trabajadores esperar a que el Gobierno corrija este error, ya que a partir de ahora los despidos considerados nulos serán considerados improcedentes, obligando a los trabajadores despedidos a enfrentar un proceso legal.

En el marco de la entrada en vigor de la Ley de Paridad, el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado que ya cumple con los criterios establecidos por la norma, asegurando una representación equitativa de género en su estructura organizativa.

Esta legislación busca garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en diversos ámbitos, estableciendo porcentajes mínimos y máximos de representación de género en las empresas y entidades del sector público y privado.

Entre otras disposiciones, la ley contempla que las grandes empresas y la Administración General del Estado deben contar con al menos un 40% de mujeres en sus órganos de dirección, permitiendo incluso una representación superior al 60% y llegando hasta el 100% de presencia femenina.

Además, se establecen plazos para que diferentes entidades cumplan con estos porcentajes, promoviendo una mayor igualdad de género en todos los ámbitos laborales.

En resumen, estas modificaciones buscan sentar las bases para un futuro más equitativo y justo en el ámbito laboral, reflejando los valores de equidad que el ICAM ha defendido históricamente.

La ley también contempla medidas correctivas para beneficiar a investigadoras que hayan sufrido penalizaciones en su carrera profesional debido a interrupciones por motivos personales, como el embarazo o el cuidado de hijos.