Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de 150.000 euros a 300.000 euros. Esta petición se basa en la afirmación de González Amador de que, desde marzo de 2024, ha sido víctima constante de un ataque mediático que lo ha etiquetado como "defraudador confeso".

En un documento presentado ante el tribunal y al que tuvo acceso Europa Press, se sostiene que los supuestos daños morales que ha sufrido González Amador, así como su familia, no solo son significativos, sino que se actualizan a diario debido a las repercusiones del relato político en su contra.

González Amador argumenta que desde el 14 de marzo de 2024, fecha en que se divulgó un comunicado de la Fiscalía sobre sus comunicaciones con el fiscal que lo investiga por cargos fiscales, "no ha habido un solo día en el que no haya sido llamado por políticos y medios de comunicación con términos despectivos", haciendo alusión a la referencia constante a su figura como "delincuente confeso" por parte de actores públicos, incluido el ministro de Justicia.

El recurso contra la fianza que ha presentado González Amador ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado, aduce que las acusaciones en su contra son el resultado de una manipulación política que atenta contra sus derechos fundamentales, convirtiendo la labor del fiscal en un arma política.

El abogado defensor de González Amador enfatiza que nunca antes en el sistema jurídico español se había visto una violación de derechos tan abrumadora y perjudicial. Insiste en que la naturaleza continua y creciente de los ataques que enfrenta su cliente debe ser reflejada adecuadamente en la indemnización solicitada, la cual no debería ser inferior a 300.000 euros, pidiendo así la revisión de la cuantía fijada en la fianza.