En una reveladora decisión, el Comité Europeo de Derechos Sociales, una entidad vinculada al Consejo de Europa, ha puesto de manifiesto que España ha incurrido en la violación de múltiples derechos consagrados en la Carta Social Europea, particularmente en la problematizada Cañada Real Galiana, situada en Madrid. Este barrio, donde residen aproximadamente 4.500 personas, entre las cuales se encuentran 1.800 niños y niñas, ha estado sumido en la oscuridad durante más de cuatro años, como ha destacado el medio 'El País' y ha corroborado Europa Press.

Manuel Rodríguez, secretario de políticas sociales de CCOO Madrid, informó a Europa Press que la resolución del Comité ratifica “la vulneración de los derechos presentes en la Carta Social Europea” y establece un “plazo de cuatro meses” para que el Consejo de Europa defina las acciones que el Estado español debe emprender para remediar esta situación crítica.

Esta determinación se enmarca dentro de las decisiones que fueron tomadas por el Comité en su reciente reunión plenaria celebrada en Estrasburgo entre el 9 y el 13 de septiembre. No obstante, fuentes del Consejo de Europa han informado que los detalles de esta resolución permanecerán confidenciales hasta el 26 de febrero de 2025, a menos que se emita una recomendación o resolución antes de esa fecha por parte del Comité de ministros del Consejo de Europa.

Desde CCOO, la reacción ha sido de satisfacción ante esta decisión, esperando con ansias la definición de medidas que las autoridades españolas deben adoptar para poner fin a esta violación de derechos. Rodríguez ha subrayado que “entendemos que se exigirá la restitución del suministro eléctrico de manera permanente” para las personas afectadas.

La denuncia colectiva fue presentada hace aproximadamente dos años y medio, específicamente el 2 de marzo de 2022, por un conjunto de cinco organizaciones, entre ellas CCOO, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

En la queja formal, las organizaciones alegaron que la interrupción del suministro eléctrico, que se inició en octubre de 2020 y continúa hasta hoy, está teniendo un impacto devastador en la vida de al menos 4.500 residentes, incluidos unos 1.800 niños. Esta situación ha despertado la preocupación por la salud y el bienestar de la comunidad afectada.

Los demandantes señalaron que se están infringiendo dos bloques de derechos que la Carta Social Europea protege, y denunciaron el quebranto de hasta diez artículos que están en directa relación con derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, y el derecho al trabajo.

En particular, los denunciantes argumentaron que se está vulnerando el artículo 11, reflexionando sobre cómo los cortes de electricidad están deteriorando la salud de los afectados, lo que ha derivado en un incremento de infecciones respiratorias, problemas dermatológicos y circulatorios relacionados con el frío, así como dificultades en el uso de dispositivos médicos esenciales y casos de intoxicación por monóxido de carbono.

Además, citan la violación del artículo 15, dado que la falta de electricidad limita a las personas con discapacidad en su derecho a la independencia y participación plena en la comunidad. Se solicita también la vulneración del artículo 16, al no garantizar el Estado el derecho a una vivienda digna, así como del artículo 17 que afecta directamente a la educación de niños y jóvenes, amplificando el ausentismo escolar y dificultando el estudio.

Se exponen también violaciones del artículo 20, que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras, incluidas aquellas con responsabilidades familiares, y del artículo 23, donde se denuncia la incapacidad del Estado para implementar medidas adecuadas para proteger a los ancianos afectados por los cortes de energía.

Finalmente, los demandantes subrayan la violación del artículo 30, ya que el Estado no ha tomado medidas efectivas para proteger a los vecinos de los sectores 5 y 6 de Cañada Real contra la pobreza y la exclusión social, así como del artículo 31, que denuncia la falta de acción para evitar la interrupción de servicios esenciales, incluyendo el suministro eléctrico.