En la jornada de hoy, la Delegación del Gobierno en Madrid ha respondido con firmeza a las críticas emitidas por la Comunidad de Madrid, que han denunciado una supuesta falta de acción en la gestión de menores migrantes no acompañados en la región. Según la administración central, las repatriaciones se están llevando a cabo de acuerdo con los plazos y garantías que exige la normativa vigente.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha transmitido esta postura en una carta dirigida a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. En su comunicación, Martín aborda las acusaciones del Gobierno regional, que ha seguido la línea de afirmar que la Delegación no está realizando avances significativos en los expedientes de estos menores.

En su mensaje, Martín también ha aprovechado para compartir detalles sobre las propuestas de repatriación que ha formulado la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, mencionando que algunas de ellas fueron presentadas a finales de marzo y las más recientes hace menos de un mes, según aseguran fuentes de la Delegación.

El delegado defendió la labor de su institución, subrayando que todas las acciones se han ejecutado “en conformidad con la legislación”, en particular, con los artículos 167 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2000. Destacó que esta normativa no establece un cronograma rígido para la presentación de informes, enfatizando que siempre debe prevalecer el interés superior del menor.

Martín afirmó rotundamente que no se puede concluir que los procesos de repatriación estén “paralizados” o que exista falta de acción por parte del Gobierno, defendiendo que se están cumpliendo los procedimientos previstos por la citada ley.

Además, el delegado resaltó que las repatriaciones se están realizando respetando los plazos y garantías estipulados, y solicitó al Gobierno regional que se haga cargo de sus propias competencias, instándoles a enfocarse más en el bienestar de los menores en lugar de criticar a la administración central.

En relación con el procedimiento de repatriación, Martín mencionó que la documentación de los menores está bajo la custodia de la Brigada de Extranjería y Fronteras, y que cualquier información solicitada se proporcionará en el marco de la fase de alegaciones como lo estipula la Ley Orgánica 4/2000.

Finalmente, Martín precisó que esta fase debe comenzar después de solicitar informes pertinentes a las representaciones diplomáticas correspondientes, asegurando que el proceso se realiza de acuerdo a lo que establece la normativa vigente en esta materia.