En un paso significativo hacia la reconfiguración del uso de espacios públicos, el Gobierno de España ha decidido transferir la antigua cárcel de Carabanchel a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), bajo la égida del Ministerio de Vivienda. Esta transformación permitirá el desarrollo de aproximadamente 508 viviendas en un amplio terreno de 27.000 metros cuadrados que, hasta ahora, estaban destinados a fines penitenciarios.

Durante una conferencia de prensa que siguió al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó esta iniciativa como un avance en la utilización de 27.000 metros de los 172.000 que conformaban el antiguo centro penitenciario. Además, el Gobierno dispone de 2.400 metros adicionales gestionados por la Sareb, entidad encargada de la gestión de activos en riesgo.

Esta transición a Sepes es parte de un esfuerzo más amplio que incluye la cesión de terrenos y estructuras del Ministerio del Interior con el objetivo de convertir espacios una vez dedicados a la reclusión en viviendas asequibles. En total, se prevé la creación de 1.332 unidades habitacionales, distribuidas en ocho localidades que abarcan desde Madrid hasta Sevilla, pasando por Huesca, Zaragoza, Denia, Segovia y Burgos.

La ministra Rodríguez ha enfatizado que este proyecto representa una inversión en el futuro de las comunidades, transformando las antiguas "celdas" en "hogares" para muchas familias. "Nuestro propósito es establecer un parque público de vivienda que garantice el derecho a un techo digno", explicó, subrayando el compromiso del Gobierno a través de la creación de una nueva empresa pública dedicada a la vivienda.

El valor de los terrenos en cuestión se estima en 78 millones de euros. Sin embargo, Rodríguez aclaró que, al igual que con las viviendas y terrenos adscritos a la Sareb, el gobierno implementará un sistema que evitará que el Ministerio incurra en costos directos por la operación.

Este ajuste también se suma a la ambiciosa meta del Gobierno de transformar antiguos cuarteles militares en viviendas. La ministra mencionó que, bajo esta dirección, se están incorporando 17 nuevos cuarteles a las políticas de vivienda, junto con un portafolio de 40.000 residencias y 2.400 parcelas provenientes de la Sareb.

Rodríguez concluyó indicando que se están realizando avances rápidos para transformar Sepes en una empresa pública robusta que asegure alojamiento a todos los ciudadanos, sin importar su situación personal o económica, marcando un compromiso claro hacia la justicia social en el acceso a la vivienda.