El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso avanza en la creación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y ha anunciado su intención de presentar un marco normativo que busque el consenso en la Asamblea de Madrid durante el mes de diciembre.

En una reciente comparecencia ante los medios, el consejero de Educación, Emilio Viciana, explicó que todavía se están ultimando detalles sobre el apartado relativo a las sanciones, particularmente aquellas relacionadas con los escraches. Asimismo, adelantó que se reducirán las cuantías de las multas más severas en el ámbito universitario.

Un borrador anterior de la ley proponía sanciones que fluctuaban entre los 15.000 y los 100.000 euros por actividades no autorizadas que obstaculizasen el libre ejercicio de manifestaciones autorizadas en los campus. También se incluían penalizaciones por permitir ocupaciones que limitaran el acceso o uso de las instalaciones universitarias.

Entre las infracciones consideradas muy graves se encontraba la falta de garantización de la pluralidad y la libertad en los campus, lo que podría conllevar multas de hasta un millón de euros. Sin embargo, la última revisión del contenido normativo propone una sanción máxima de 300.000 euros y excluye infracciones que no estén directamente relacionadas con el normal funcionamiento de las universidades, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

Viciana aseguró que han recibido numerosas sugerencias de la comunidad universitaria y de los rectores, y que el próximo paso será presentar el anteproyecto mediante un proceso de audiencia pública antes de someterlo a votación en el Consejo de Gobierno.

Una vez convertido en Proyecto de Ley, se llevará a la Asamblea para su discusión y aprobación por parte de los grupos políticos. Viciana enfatizó la voluntad de incluir todos los puntos de vista y alcanzar un consenso en torno a esta nueva ley, con el objetivo de tenerla aprobada para la primavera de 2026.

El nuevo borrador también incorpora varias exigencias de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, así como de otros actores clave del ámbito académico.

Además, la Comunidad de Madrid ha decidido destinar 10 millones de euros adicionales para la financiación por objetivos de sus seis universidades públicas. Esta financiación, junto con la cantidad básica necesaria para el funcionamiento cotidiano y otra destinada a necesidades especiales, formará parte de un nuevo modelo de financiación que está en desarrollo.

La financiación por objetivos ser repartirá entre las universidades siempre que estas demuestren logros significativos en su labor académica o investigadora. Los centros tendrán la libertad de establecer indicadores que se ajusten a sus características, y la Administración regional podrá incorporar nuevos criterios cada año.

Entre los objetivos mencionados en el borrador se encuentran la promoción de programas de investigación y la atracción de profesores destacados desde otras regiones y países, especialmente de Europa e Hispanoamérica; también se contempla el fomento de programas y títulos relacionados con las humanidades y sectores estratégicos.

Viciana aseguró que se establecerán espacios de diálogo con las universidades para alinear los objetivos de estas instituciones con los de la propia comunidad, buscando así potenciar esta financiación por objetivos.

En cuanto a la organización interna de las universidades, el nuevo texto establece que el rector, en coordinación con el Consejo Social, será responsable de la selección del gerente, abolviendo el sistema de elección por concurrencia. Asimismo, la figura del interventor será reemplazada por una Oficina Económico Presupuestaria compuesta por dos profesionales, uno elegido por el rector y otro por el Consejo Social.

El Distrito Único de Prácticas ahora se definirá con más claridad, asegurando que cada estudiante disponga de una plaza para realizar sus prácticas necesarias para graduarse. Aunque el sistema de distribución actual seguirá operando, el nuevo modelo permitirá asignar plazas vacantes a quienes requieran completar su formación para conseguir su titulación.