El Gobierno informa a las CCAA de los objetivos de estabilidad convocando el Consejo de Política Fiscal el próximo lunes
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno cuenta con seguridad jurídica para llevar a cabo la redacción de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, incluso si el Senado rechaza la senda de déficit. Montero anunció que el próximo lunes se convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas sobre los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para la elaboración de los presupuestos. La decisión del CPFF es fundamental, ya que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada comunidad.
El CPFF se reunirá el mismo día en que finaliza el plazo para que los distintos centros gestores de los Ministerios envíen sus propuestas para el proyecto presupuestario a la Dirección General de Presupuestos. El Gobierno busca llevar esta ley al Congreso lo antes posible, sin embargo, si no se aprueban las nuevas cuentas antes del 31 de diciembre, se deberán prorrogar las del presente año hasta que se puedan aprobar las de 2024, según lo establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Previo a la presentación del proyecto de presupuestos, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero (techo de gasto) como los objetivos de estabilidad presupuestaria, estos últimos sujetos a un informe del CPFF, y luego remitir todo a las Cortes Generales. En esta ocasión, las Cortes deberán aprobar o rechazar los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno, los cuales deben estar alineados con las normas fiscales europeas tras la suspensión temporal debido a la pandemia.
Además, existe incertidumbre sobre lo que sucederá en el Senado, ya que el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda vinculados al techo de gasto. A pesar de esto, el Gobierno insiste en que cuenta con seguridad jurídica para redactar los presupuestos, incluso si el Senado rechaza la senda de estabilidad. Esto ya ocurrió en 2018, cuando el PP rechazó en el Senado el techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2019. En aquella ocasión, el Ejecutivo utilizó las referencias anteriores de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario, el cual finalmente fue rechazado por el Congreso, ya que el Senado no tiene poder para vetarlo.
No obstante, en esta ocasión el escenario es más incierto debido a la suspensión de las reglas fiscales europeas desde 2020. Aunque no existen objetivos fijos de años anteriores, hay referencias orientativas en los cuadros macroeconómicos del año anterior y en los planes presupuestarios enviados a Bruselas.
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