En el contexto de la reciente presentación del Proyecto de Presupuestos Regionales, la Comunidad de Madrid ha anunciado una significativa inversión de 66,77 millones de euros destinada a fortalecer las relaciones con la Administración de Justicia para el año 2026. Esta asignación refleja un crecimiento del 5,61% en comparación con el presupuesto del año anterior, lo que equivale a un incremento de 3,55 millones de euros respecto a 2025.

Este nuevo enfoque presupuestario, que ahora inicia su revisión en el Parlamento, se centra en mejorar aspectos fundamentales de la asistencia jurídica, incluyendo las transferencias para la Asistencia Jurídica Gratuita. Este componente esencial es administrado por el Consejo de Colegios de Abogados y Procuradores, y se complementa con fondos para el Turno de Oficio y los servicios de orientación jurídica, ofrecidos por varias instituciones respetadas en la región, como los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares.

En una medida destacada, el Gobierno regional planea incrementar la financiación destinada a la asistencia jurídica gratuita y al Turno de Oficio, alcanzando un total de 66,5 millones de euros, lo que representa un aumento de 3,6 millones de euros con respecto al 2025. Este servicio es vital para garantizar el acceso a la justicia, habiendo brindado apoyo a más de 70.000 ciudadanos el año anterior.

Entre los detalles más relevantes se encuentra un aumento de 2,9 millones de euros, lo que equivale a un 5,91% más, en el área de asistencia jurídica gratuita gestionada por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se ha previsto un incremento de 450.000 euros, un 5,66% adicional, para la asistencia jurídica gratuita bajo la supervisión del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

Con este aumento en la financiación, la Administración regional reafirma su compromiso con el acceso a la justicia y con la mejora de las condiciones del Turno de Oficio, un componente esencial del sistema de asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid. Esta decisión busca no solo mantener la calidad de dichos servicios, sino también ampliar su disponibilidad para quienes más lo necesitan.