La jueza Inmaculada Iglesias ha acordado abrir una nueva investigación para determinar si el señor Alberto González Amador ha cometido delitos adicionales a los que ya están siendo instruidos en su contra.

MADRID, 29 Oct.

Al parecer, Alberto González Amador ha sido llamado a declarar en calidad de investigado el próximo 29 de noviembre por la Fiscalía de Madrid, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. Esto se relaciona con un supuesto fraude fiscal que se le atribuye y que está siendo investigado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La jueza ha citado a comparecer el mismo día a otros cuatro individuos investigados en este mismo caso, después de que las comparecencias programadas para junio pasado fueran pospuestas a solicitud de la acusación popular representando al PSOE y Más Madrid. Esto, tras solicitar la investigación de cinco nuevos supuestos delitos tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del expediente.

Recientemente, la jueza decidió abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso también podría estar implicada en la comisión de delitos adicionales a los que se están investigando en la causa principal.

Para indagar sobre posibles nuevos delitos, se centrarán en "la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L -la empresa de Alberto González Amador- y su cliente Quirón Prevención S.L".

La investigación sobre el supuesto fraude fiscal se enfoca en indicios delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades correspondientes a los años 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsedad en documento mercantil, debido a la presentación de facturas que no reflejan servicios realmente prestados con la finalidad de reducir la suma tributaria a pagar.

Según el auto de apertura de diligencias, se estima que debido a estas acciones defraudatorias, "el contribuyente ha dejado de abonar a la Hacienda Pública estatal la suma de 155.000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 195.951 euros por el Impuesto de Sociedades de 2021". Dichas acciones podrían constituir delitos penados en el Código Penal, según la jueza.

La Fiscalía inició la investigación a partir de un informe de la Agencia Tributaria que señalaba un posible fraude fiscal al detectar "gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". Dichos gastos, que no corresponden a servicios reales, tenían como objetivo pagar menos impuestos de los adeudados por el Impuesto de Sociedades en los años 2020 y 2021, según la denuncia del fiscal.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria referente a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del cual se deducen "datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 que podrían ser constitutivos de delito".

El mencionado informe mencionaba dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de fraude tributario superior a 120.000 euros y otro de falsedad en documento mercantil, al presentar facturas falsas con la intención de disminuir la cantidad tributaria a pagar.

Tras este informe, la Fiscalía decidió iniciar diligencias de investigación el 23 de enero, lo que llevó a presentar la denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid.

Según la denuncia del fiscal, la administración de la sociedad en cuestión estaba a cargo de un administrador único llamado Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. La Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación el 12 de mayo de 2022, donde se encontraron acciones evasivas para reducir la tributación ante el aumento del volumen de negocios de la sociedad en los años mencionados.