El Tribunal Supremo ha decidido llamar a declarar como testigos a ocho periodistas en el contexto de una investigación sobre un caso de filtraciones que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este movimiento busca arrojar luz sobre la presunta difusión no autorizada de información sensible relacionada con Alberto González Amador, el compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El próximo miércoles a las 10:00 horas, se espera la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, quien ocupa el cargo de jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Su testimonio es parte de una causa más amplia que investiga la filtración de correos electrónicos que supuestamente contenían información sobre investigaciones fiscales contra González Amador. Esta acción surge a raíz de una solicitud presentada por García Ortiz, junto a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también está implicada en el caso.

Los Servicios Jurídicos del Estado han señalado que existen "indicios" de que Rodríguez pudo haber tenido acceso a ciertos correos electrónicos, cuya divulgación causó revuelo en los medios de comunicación la noche del 13 de marzo. Todo ello se desencadenó tras la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía al día siguiente, donde se exponía el contenido de esos correos considerados delicados.

La atención se centra concretamente en un artículo de eldiario.es publicado el 17 de octubre, que afirmaba que la primera filtración provenía de Rodríguez, quien habría enviado correos a varios medios antes de que la Fiscalía desmintiera dicha información. Rodríguez también utilizó su cuenta en la red social X para comentar la situación en dos ocasiones distintas, sugiriendo que la Fiscalía había propuesto un acuerdo que luego fue abruptamente cancelado por órdenes superiores.

Los Servicios Jurídicos del Estado han argumentado que los documentos en cuestión indican que Rodríguez difundió información errónea sobre la actuación de la Fiscalía y revelaron su posible acceso al contenido de los correos antes de que se hiciera público. Esto ha llevado a la Abogacía a solicitar su testimonio para aclarar aspectos fundamentales como el acceso que tuvo a los correos, quiénes podrían haberle proporcionado la información y si compartió esos detalles con otros.

Además, el juez instructor ha considerado pertinente la inclusión de los ocho periodistas en el proceso para determinar quién fue el primero en divulgar el contenido del correo electrónico en cuestión. Un análisis minucioso de este proceso se vuelve esencial para desentrañar las dinámicas de la comunicación y la filtración de información en el ámbito político y gubernamental.

La secuencia de los hechos es crucial, ya que "El Mundo" ya reportó a las 21:29 horas del 13 de marzo que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Esto llevó a una respuesta inmediata de la Fiscalía General del Estado para obtener la cadena completa de correos entre la defensa de González Amador y el fiscal que estaba al frente de la investigación, Julián Salto, quien se la remitió a Rodríguez poco después.

A las 22:10, "La Sexta" publicó información que contradecía las versiones anteriores, afirmando que fue González Amador quien había propuesto un acuerdo a la Fiscalía. A partir de este punto, varios medios comenzaron a reportar esos detalles, antes de que la Fiscalía emitiera una nota de prensa al amanecer del día siguiente, brindando una cronología precisa de los eventos y del contenido de los correos.

El planteamiento de la Abogacía refleja una preocupación por esclarecer el proceso de la comunicación de estos correos, buscando sobre todo determinar si hubo filtraciones organizadas en el seno de la Fiscalía. El manejo de esta información es de vital importancia, dado que podría implicar a otros actores en la cadena de comunicación y, potencialmente, en la filtración misma.

El magistrado Hurtado también ha aprobado solicitar a "La Sexta" y "El Mundo" que remitan las informaciones publicadas aquel mismo día, considerando que existe una línea temporal muy ajustada que puede arrojar más luces sobre el asunto. Además, está previsto que otros altos funcionarios de la Fiscalía, incluyendo al fiscal superior de Madrid, testifiquen en fechas próximas.

Es fundamental recordar que este proceso se inició tras una denuncia presentada por la pareja de Díaz Ayuso, quien se sintió perjudicada por la difusión de detalles en la prensa que, según ella, distorsionaban la realidad de lo sucedido. Esta situación ilustra no solo las tensiones en el ámbito político, sino también la importancia de entender el flujo de información y cómo puede ser manipulado en el escenario público.

Finalmente, en un informe reciente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuyó responsabilidad a la Fiscalía General del Estado en la filtración de información sobre la investigación a González Amador, un dato que provoca reflexiones profundas sobre la ética y la transparencia institucional en la esfera pública.