24h Madrid.

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El Ramiro de Maeztu será la primera escuela en Madrid para hijos de funcionarios de la Unión Europea.

El Ramiro de Maeztu será la primera escuela en Madrid para hijos de funcionarios de la Unión Europea.

La Comunidad de Madrid dará cabida a partir del curso 2024/25 a la primera y única Escuela Europea Acreditada (EEA) de España en el instituto público Ramiro de Maeztu, ubicado en el distrito de Chamartín en la capital. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar una educación homogénea y equiparable para los hijos de funcionarios de la Unión Europea que pueden cambiar frecuentemente de lugar de trabajo dentro del territorio europeo.

Según la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, la escuela funcionará como una sección más dentro del Ramiro de Maeztu, permitiendo la matriculación de cualquier alumno, con prioridad para los estudiantes provenientes de la Unión Europea.

Esta nueva institución ofrecerá enseñanzas en inglés y español y comenzará a operar el próximo año escolar con clases de 1º y 2º de Primaria y 1º de Secundaria de Escuelas Europeas, expandiéndose en los cursos siguientes.

Además, los estudiantes del Ramiro de Maeztu compartirán actividades tanto educativas como extraescolares, fomentando así un enriquecimiento cultural recíproco en un entorno multilingüe y multicultural.

Los docentes, por su parte, serán funcionarios públicos que podrán unirse a la plantilla basándose en su especialización y nivel lingüístico para impartir las materias de acuerdo con los requisitos establecidos por el sistema EEA y la regulación de la Comunidad de Madrid.

La región se une a esta iniciativa tras la aceptación de la propuesta por parte del Consejo Superior de Escuelas Europeas, organismo que representa a todos los Ministerios de Educación de los estados miembros.

Sin embargo, desde la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, su secretaria general, Isabel Galvín, ha expresado su preocupación respecto a la falta de transparencia y la ausencia de una memoria económica que acompañe esta propuesta, señalando posibles cierres de unidades en un centro con lista de espera y una supuesta reconversión de la plantilla docente sin un proceso claro.

Galvín destaca la opacidad de la Administración en este proceso, indicando que se está llevando a cabo sin seguir los procedimientos establecidos por la ley en cuanto a negociación colectiva y procedimientos.