Este jueves, el emblemático Teatro Barceló de Madrid fue cerrado de forma oficial por el Ayuntamiento, tras la anulación de medidas cautelares y por una orden emitida por un juzgado local. La Agencia de Actividades (ADA) había dictado un cese y precinto debido a que el local operaba con un aforo superior al permitido.

Funcionarios del Consistorio, apoyados por agentes de la Policía Municipal, se presentaron en el lugar a primera hora de la mañana. Un grupo de trabajadores del Teatro, visiblemente preocupados, expresó su descontento ante esta decisión, que añade un nuevo capítulo de incertidumbre a su situación laboral.

Fuentes del Ayuntamiento informaron que el cierre se ejecutará inicialmente por un período de seis meses, seguido de otro cierre por una segunda infracción, lo que puede prolongar la inactividad del local hasta un año completo.

Al sitio también se acercaron representantes de la Plataforma por el Ocio, quienes han manifestado su intención de luchar legalmente contra esta decisión, informando que ya han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sin embargo, reconocieron que no tienen claro si el Teatro podrá reabrir para las festividades navideñas.

El aviso de precinto, que se documentó el 27 de noviembre, aclara que el incumplimiento de esta resolución podría acarrear consecuencias legales de carácter penal o administrativo, de acuerdo a la normativa actual.

Jesús Martínez, portavoz de la Plataforma por el Ocio, afirmó que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ha excedido los límites razonables con esta medida, anunciando una ruptura de diálogo con el Ayuntamiento. Según él, esta acción pone en tela de juicio la integridad y profesionalidad en la gestión de establecimientos públicos.

Martínez hizo una reflexión sobre el conflicto inminente entre pequeñas y medianas empresas del sector servicios y la Delegación de Urbanismo, señalando que se da en un momento crucial para la vida nocturna y la oferta gastronómica de Madrid, vitales para el atractivo turístico y la economía de la ciudad.

Calificó la situación como un “conflicto histórico” que debería hacer reflexionar al Ayuntamiento, ya que las clausuras prolongadas amenazan la viabilidad de muchas empresas, argumentando que el uso excesivo de medidas sancionadoras incumple compromisos previos asumidos por el propio gobierno municipal.

En su defensa, Martínez destacó que el Teatro Barceló no solo tiene 45 años de trayectoria, sino que también ha mantenido un récord ejemplar en la seguridad de sus operaciones desde que introdujo la marca Pachá en la capital.

Además, subrayó la existencia de problemas relacionados con los aforos en los locales de diversión nocturna, cuestionando la competencia y profesionalidad del personal de la Agencia de Actividades encargado de vigilar estas normativas.

El cierre del Teatro Barceló se fundamenta en “dos infracciones graves que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes”, según justificó Carabante. Las asociaciones del sector han estado pidiendo desde hace tiempo una revisión de las normas sobre aforos, sugiriendo que estas deberían adaptarse mejor a los estándares de seguridad y la capacidad real de los locales.

En respuesta a la situación, la vicealcaldesa Inma Sanz reafirmó en una rueda de prensa que la decisión de cerrar el local se hizo siguiendo los dictámenes de un juez, insistiendo en que debe cumplirse la legislación vigente, mientras que se mantienen conversaciones sobre posibles modificaciones legales en el futuro.

Sanz se mostró al margen de las críticas de los empresarios del sector de ocio, defendiendo que la labor del Ayuntamiento se basa en respetar las resoluciones judiciales y diferenciándose de lo que, según ella, hace el Gobierno de España, que a su juicio presiona y desacredita públicamente a los tribunales.