El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido archivar la querella presentada por el productor Nacho Cano contra la exjueza Inmaculada Iglesias. Esta acción legal estaba fundamentada en la supuesta prevaricación relacionada con la investigación de irregularidades en el espectáculo "Malinche".

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los jueces han determinado que no tienen competencia para tratar el caso y han acordado su archivo. Sin embargo, han dejado la puerta abierta para que la querella sea remitida a la jurisdicción apropiada.

Los magistrados observaron que la exjueza ya no goza de su condición de aforada debido a su jubilación forzosa, un hecho publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de agosto pasado.

El dossier de la querella incluía una grabación de la declaración de una subinspectora de trabajo que realizó un informe crucial tras la inspección efectuada el 27 de junio de 2024, lo cual fue determinante para que se desestimara el caso.

Este archivo se produjo varios meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera cerrar provisionalmente el caso, al considerar que los imputados no intentaron introducir de manera clandestina a los ciudadanos mexicanos que llegaron a España para participar en el musical.

La Sala concluyó que las actuaciones no presentaban indicios suficientes para suponer la comisión de delitos contra los derechos laborales y de los extranjeros, independientemente de si los implicados cumplían o no con los requisitos legales, lo que implicaría una investigación más amplia que no corresponde a esta jurisdicción.

En el documento de la querella, la defensa de Cano argumentó que el atestado policial que inició el caso se basó en interpretaciones erróneas, señalando que hubo una incorrecta aplicación de la legislación vigente y que se consideró a los estudiantes como trabajadores ilegales.

Los letrados de Cano indicaron que el atestado estaba repleto de irregularidades y que había sido elaborado con el único propósito de justificar la detención de su representado.

Además, se mencionaron 17 denuncias por delitos de coacciones, amenazas y falsificación de documentos públicos relacionados con el caso en el Juzgado de Instrucción número 19, apuntando que las irregularidades en el atestado y el proceder policial constituían un grave delito contra la administración de justicia que requeriría una investigación conjunta.

A pesar de estas irregularidades, la jueza se negó a considerar las inhibiciones planteadas por los juzgados que tenían estas denuncias. La defensa también destacó la dificultad para ejercer su derecho a un proceso justo, tal como se establece en el artículo 24 de la Constitución Española, ya que había enfrentado constantes negativas para acceder a las diligencias de prueba necesarias y pertinentes.

La parcialidad de la juez, que ha sido objeto de la querella, fue considerada evidente por parte de la defensa.