El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado una decisión crucial en el caso de Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria de Organización del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En un reciente auto, se ha ordenado a la jueza de Navalcarnero que continúe su investigación sobre las posibles irregularidades y delitos de corrupción relacionados con varios contratos que se habrían gestionado durante su tiempo como concejala.

Este fallo, al que tuvo acceso Europa Press, rechaza la inhibición que la magistrada había acordado el pasado 13 de junio. El tribunal ha decidido devolver el caso con la intención de que se completen las diligencias que aún están pendientes, asegurando así que la justicia siga su curso en este controvertido asunto.

Asimismo, el TSJM ha solicitado que la jueza remita una exposición razonada explicando los motivos por los cuales considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos. Este esclarecimiento incluye la eventual imputación de Millán y la adecuada atribución de competencias a este tribunal para comprender el caso a fondo.

En su análisis, el juez del TSJM ha explicado que la inhibición planteada no delimita de manera clara la relación entre los hechos, que podrían no tener por sí mismos la naturaleza de delito, y la posibilidad de que se hayan obtenido beneficios patrimoniales. Además, se plantea la preocupación sobre acciones que podrían haber configurado tráfico de influencias o corrupción en el ejercicio de un cargo público.

Un aspecto clave revelado en la investigación es que se ha alegado que Millán recibió 51.104,67 euros de una empresa, que supuestamente corresponderían al pago de un alquiler. Este pago se habría efectuado entre 2008 y 2012, pero el tribunal considera que no está suficientemente vinculado a una acción delictiva ejercida como concejala.

En octubre, la jueza reafirmó su posición en una resolución en la que subrayaba la existencia de indicios "sólidos" y "suficientemente justificados" en relación con Millán. Esta afirmación se produjo tras un recurso interpuesto por la Fiscalía que cuestionaba la inhibición originalmente planteada.

La magistrada halló indicios de delitos graves como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Además, mencionó la relevancia de un informe de la Guardia Civil que detallaba la asignación de múltiples contratos a empresas vinculadas a Francisco Roselló entre 2005 y 2011, lo que podría implicar a Millán en una red de corrupción.

La jueza argumentó que las evidencias recopiladas durante el proceso, que incluyen registros, declaraciones y análisis de la documentación, respaldan la existencia de indicios sólidos. Ella subrayó que, dada la posición actual de Millán, sería oportuno que la instancia competente decidiera sobre la necesidad de continuar con las diligencias correspondientes.

Finalmente, con la creciente atención que recibe este caso, se hace evidente que la rendición de cuentas en el ámbito político es crucial para mantener la confianza pública en las instituciones. La investigación promete arrojar más luz sobre la gestión de Millán y el uso de fondos públicos durante su mandato.