24h Madrid.

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El TSJM pide confirmación de la diputada Ana Millán en la Asamblea de Madrid

El TSJM pide confirmación de la diputada Ana Millán en la Asamblea de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha requerido a la Asamblea de Madrid que certifique la continuidad como diputada regional de Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Esta petición se realiza en el marco de las diligencias de ordenación iniciadas tras recibir la Sala el testimonio de la causa que investigaba un juzgado de Navalcarnero contra Millán por presuntos delitos de corrupción en relación con varios contratos irregulares.

En la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, se exige a la Asamblea que certifique lo antes posible si Ana Belén Millán Arroyo continúa como diputada electa de la Asamblea de Madrid en esta legislatura, así como que mantenga todos los derechos y obligaciones que le corresponden estatutaria y legalmente.

El 2 de agosto se abrieron diligencias y se designó al magistrado Francisco Goyena para su tramitación. Ahora, el juez ha remitido esta solicitud a la Cámara regional para confirmar la condición de aforada de la parlamentaria madrileña antes de decidir si procede investigar las actuaciones.

Mientras tanto, la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid debe pronunciarse sobre la admisión de la causa. En caso de aceptación, Goyena deberá nombrar un magistrado instructor para el caso.

En junio pasado, la jueza de Instrucción número 6 de Navalcarnero se inhibió a favor del TSJM en la investigación contra la exalcaldesa de Arroyomolinos, por su condición de aforada al ser vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid.

Esta decisión se tomó al considerar que los investigados, tanto Millán como un empresario, podrían ser responsables de los hechos objeto de investigación, que podrían incluir delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.

La causa se inició en octubre de 2020, tras aceptar la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por presuntos delitos de corrupción en una pieza del caso 'Púnica' sin relación aparente.