El 23 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un importante paso en la defensa de la participación política al respaldar un recurso interpuesto por el diputado del PSOE, Daniel Rubio. El tribunal determinó que la Comunidad de Madrid infringió su derecho fundamental a participar en la vida política, tal y como se establece en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado la impugnación que argumentaba la denegación tácita por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ante las solicitudes de información planteadas por Rubio. Dichas solicitudes se relacionaban con documentos esenciales sobre el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

El controvertido acto administrativo del Consejo de Gobierno fue declarado nulo por no ajustarse a la legalidad, dado que no se dio respuesta en el tiempo estipulado a las peticiones del diputado acerca de las autorizaciones para la apertura y el funcionamiento del hospital. Al no recibir ninguna respuesta dentro del plazo marcado por el artículo 18 del reglamento de la Asamblea de Madrid, Rubio se vio obligado a recurrir a la vía judicial para proteger sus derechos fundamentales.

A pesar de que la Comunidad de Madrid finalmente proporcionó la información requerida, esto ocurrió solo cuando el procedimiento legal ya estaba en marcha, lo que para el tribunal no mitigó la violación del derecho del parlamentario a acceder a la información pública.

La sentencia refuerza la idea de que tener acceso a la información es un componente fundamental del "ius in officium", que se refiere a las prerrogativas inherentes al ejercicio de la función representativa de los diputados. Cualquier retraso o negativa en este acceso no solo afecta el trabajo legislativo, sino que socava el contenido esencial del derecho a una participación política activa.

Este fallo fue destacado por el propio Rubio durante un debate relacionado con una Proposición No de Ley (PNL) que intentaba impulsar que la Asamblea exigiera al Gobierno regional establecer controles específicos para prevenir el fraccionamiento en la administración pública.

En su discurso, Rubio enfatizó que erradicar la corrupción podría cambiar la forma en que se gobierna bajo el Partido Popular, que, según él, confunde las finanzas públicas con fondos destinados a sus campañas y relaciones personales. Además, denunció que lo que denominan "libertad" no es más que impunidad para ciertos sectores, a la vez que se desatienden los servicios públicos y se penaliza a la ciudadanía.