En un clima de creciente preocupación por el futuro de la educación pública, la coordinadora de las plataformas universitarias de la Comunidad de Madrid ha anunciado una contundente huelga los días 26 y 27 de noviembre. Esta decisión se adopta en respuesta a lo que consideran una "asfixia" financiera que están experimentando las instituciones académicas, lo que les impide ofrecer un servicio que cumpla con los estándares de calidad que merecen estudiantes y trabajadores.

La plataforma ha publicado un decálogo que detalla las múltiples agresiones que sufren las universidades públicas por parte del Gobierno madrileño. Destacan que la administración regional se está desentendiendo de aproximadamente un 30% de la financiación necesaria, limitándose a aportar solo un 70%. Aseguran que este modelo de financiación basado en objetivos compromete la educación y la investigación públicas, generando una dependencia estructural del capital privado y, como consecuencia, un aumento en las tasas educativas.

Los manifestantes critican el avance hacia un modelo empresarial que transforma la universidad pública, permitiendo la proliferación de "chiringuitos" que lucran con la formación superior y promoviendo una mayor privatización del sector. En este contexto, académicos y académicas advierten sobre el "parasitismo" de las instituciones privadas sobre sus homólogas públicas, así como sobre una creciente carga burocrática que estrangula su funcionamiento.

La reciente ley universitaria ha suscitado serias preocupaciones, ya que, según los activistas, fomenta una cultura del individualismo y agudiza las desigualdades laborales y la precariedad en el sector. En su agenda de reivindicaciones, también enfatizan la mercantilización de la educación y el riesgo de clausura de líneas de investigación que no resulten suficientemente rentables para el mercado.

Además, los activistas denuncia que el conocimiento está siendo "mercantilizado" con un mayor control por parte del capital privado. Critican la creciente injerencia de la Comunidad de Madrid en la autonomía universitaria, resaltando las severas sanciones que se proponen por infracciones que limitan las libertades estudiantiles, como colocar pancartas o expresar opiniones en desacuerdo.

Dada la gravedad de la situación, exigen un aumento en la inversión por estudiante en las universidades públicas, la reversión de la privatización del sistema educativo, políticas que prioricen la confianza y eliminen la burocracia excesiva, así como condiciones laborales que ofrezcan seguridad y dignidad a todos los trabajadores.

Asimismo, insisten en la necesidad de garantizar la libertad académica en la generación de conocimiento, así como en la defensa de los derechos de los sindicatos y estudiantes. Exigen, además, la dimisión del actual consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, a quien responsabilizan por la situación actual.

En respuesta, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, argumentó que la convocatoria de la huelga no se debe a falta de presupuesto, sino a "otra clase de motivos". A su vez, anunció un incremento del 6,5% para el próximo año en la financiación universitaria, destacando que la inversión destinada a este ámbito se ha elevado en 75 millones de euros, lo cual representa un crecimiento notable en comparación con años anteriores.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid planea asignar un total de 1.239,7 millones de euros a las universidades públicas en el próximo año, lo que supone un incremento histórico de la financiación por valor de 75,3 millones. Esto se traduce en un aumento significativo del 6,5%, evidenciando un compromiso por parte del gobierno que se refleja en las cuentas públicas, que han visto aumentar la asignación a la educación superior en más de 122 millones en los últimos dos ejercicios, acumulando un crecimiento del 11% en términos porcentuales.