En un giro inesperado para la política local, la Audiencia Provincial de Madrid ha exonerado al exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y a una exconcejal de Urbanismo, de un cargado caso de prevaricación administrativa relacionado con contratos menores. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, aclara que no se ha demostrado la existencia de un fraccionamiento premeditado y artificial en las contrataciones investigadas.

Los magistrados han dejado claro que, aunque hubo irregularidades ocasionales en la gestión de estos contratos, las pruebas no respaldan la acusación de que existió una planificación deliberada para infringir la ley. De acuerdo a lo expuesto en el fallo, no se encontró evidencia que sugiera que los acusados actuaron con intención dolosa o tratando de eludir las normativas correspondientes.

La decisión de la Sala resalta la flexibilidad que la normativa permite en la planificación contractual a nivel local. Aunque se reconocen ciertas anomalías, la contratación aparentemente se realizó basándose en las necesidades del municipio y en un contexto de gestión que, según la exposición del tribunal, no encaja con los maliciosos componentes de un delito de prevaricación, tal como se detalla en el Código Penal.

Durante el juicio, el exalcalde defendió su desempeño en la contratación pública, argumentando que su enfoque seguía el modelo anteriormente aplicado por el Partido Popular. Aseguró que las acusaciones en su contra eran meras invenciones políticas de la oposición.

Rodríguez Osuna y su colega, integrantes del grupo Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!), enfrentaban acusaciones de prevaricación por el uso presuntamente irregular de contratos menores entre 2016 y 2017. Su defensa abogó por una absolución total, destacando la falta de fundamento en las acusaciones.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado una significativa pena que implicaba la inhabilitación de ambos para desempeñar cualquier cargo público durante ocho años; sin embargo, durante el juicio, el fiscal retiró las acusaciones en su contra.

El exalcalde enfatizó que los métodos utilizados para la contratación municipal fueron los mismos que había empleado el PP en años anteriores, y que, de hecho, fueron adaptados para cumplir con la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Además, cuestionó la validez de las acusaciones al referirse a contratos realizados antes de que esta normativa entrara en vigor.

El Ministerio Público apuntaba que los responsables municipales habían abusado de los contratos menores, utilizándolos en más del 50% de las contrataciones del Ayuntamiento. Este enfoque, según la fiscalía, buscaba evadir los rigurosos procedimientos de licitación pública requeridos por la ley.

Las acusaciones afirmaban que los implicados habían fraccionado contratos con el mismo objetivo, generando facturas separadas para no exceder los 18.000 euros permitidos para servicios menores. Esta estrategia, sustentaba la Fiscalía, favorecía a ciertas empresas y socavaba principios fundamentales como la transparencia y la igualdad de acceso.

Detector de irregularidades, el vicesecretario interventor municipal había alertado repetidamente sobre la ilegalidad de varias de estas contrataciones. Sin embargo, el entonces alcalde terminó levantando las objeciones planteadas, permitiendo que los contratos, algunos por sumas superiores a 45.000 euros, fueran aprobados sin la debida vigilia administrativa.

Entre las transacciones problemáticas se encontraban las que involucraban el mantenimiento de edificios públicos y las zonas ajardinadas, adjudicadas de manera fraccionada a empresas específicas, así como el suministro de material de ferretería que superó los 22.700 euros en un año. También se señalaban irregularidades en la prórroga de contratos y en campañas publicitarias, que debieron tramitarse mediante procesos abiertos, de acuerdo con la ley.

Con la conclusión de este caso, se pone en evidencia el estrecho margen entre la flexibilidad administrativa y el cumplimiento riguroso de la normativa, así como el impacto de la política en la justicia local, mientras que el exalcalde y la exconcejal esperan con inquietud las repercusiones políticas que esta absolución pueda acarrear.