La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, comparecieron ante el magistrado Francisco Goyena en relación a la querella presentada por Alberto González Amador. Se les acusa de un presunto delito de revelación de secretos en relación a la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid, la cual, según testificaron, fue ordenada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ambos fiscales declararon en calidad de investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, coincidiendo en responsabilizar al fiscal general del Estado de la emisión de la nota de prensa. Alegaron que obedecieron órdenes debido a la jerarquía institucional, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Julián Salto Torres fue el primero en declarar, seguido por María Pilar Rodríguez Fernández, quienes afirmaron que la orden de emitir la nota aclaratoria fue directamente dada por el fiscal general del Estado. Este, a su vez, verbalmente asumió la responsabilidad en un acto institucional y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM, solicitando que la causa sea enviada al Tribunal Supremo.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó un recurso del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, avalando que existen indicios suficientes para instruir la causa contra los fiscales. Testigos como la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, han corroborado que el fiscal general del Estado ordenó la difusión de la nota aclaratoria.

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eduardo Ribó, destacó la importancia del secreto profesional en la abogacía y señaló la firme posición del Colegio en este caso. En respuesta a la investigación abierta, el magistrado busca determinar quiénes fueron los responsables de la decisión de hacer público el comunicado de prensa y el máximo responsable de la carrera fiscal que lo autorizó.

En el auto de admisión de la querella, la Sala señaló que es necesario investigar a fondo los hechos para determinar su verdadero alcance y todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los mismos, de acuerdo al artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.