Indignación en la Comunidad de Madrid ante críticas de la Delegación del Gobierno sobre La Cantueña

Madrid, 18 de noviembre de 2023. La Delegación del Gobierno en la capital ha informado a la administración autonómica sobre la creación de 510 plazas adicionales en los centros de acogida temporales destinados a migrantes que llegan desde Canarias. Estas nuevas plazas se distribuyen en dos centros, uno en Carabanchel con capacidad para 400 personas y otro en Alcalá de Henares para 110, lo que ha suscitado una fuerte reacción por parte de la Comunidad, quien advierte que esta medida exacerbó la crisis de saturación que afecta actualmente a la región.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración local, Miguel Ángel García Martín, reaccionó enérgicamente al correo del delegado del Gobierno, Francisco Martín, expresando su preocupación por la situación de esos grandes campamentos que, según sus estimaciones, ya albergan a más de 3.210 personas. El funcionario regional ha hecho hincapié en la necesidad de abordar de manera efectiva la problemática que enfrenta la administración pública en el tratamiento de los migrantes.

Los centros en cuestión son el Cuartel General Arteaga, en Carabanchel, con una capacidad original de hasta 1.200 plazas, y el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, que puede recibir a un máximo de 1.100 personas. Ambas instalaciones fueron cedidas por el Ministerio de Defensa ante la falta de espacio en los centro de acogida en Canarias, diseñados originalmente para gestionar a los migrantes.

Ante esta situación, el consejero ha solicitado al delegado una claridad sobre el total de plazas disponibles en estos dos centros y en el centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, así como un recuento de todas las personas que han estado en esos lugares desde su inicio. Esta solicitud refleja la necesidad urgente de contar con datos precisos para una mejor gestión de la crisis migratoria.

Además, García Martín ha calificado como "paradójico y cínico" que la Delegación del Gobierno criticara desde el comienzo la implementación del centro de La Cantueña en Fuenlabrada, que ofrece 99 plazas adecuadas a la normativa vigente, mientras el Gobierno central sigue incrementando la capacidad de estos macro-campamentos sin un plan claro, escenificando una doble moral en la gestión de la crisis migratoria.

El consejero también ha puesto en entredicho las medidas que el Gobierno central contempla para abordar la crisis migratoria que surge a través de la denominada ruta canaria, haciendo especial énfasis en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ha instado al Ejecutivo a llegar a acuerdos con los países de origen de los migrantes y la Unión Europea para desarrollar políticas concretas que regulen la llegada de inmigración irregular.

En una comunicación adicional, García Martín ha abordado el reciente brote de intoxicación alimentaria en el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados (CREADE) en Pozuelo, que afectó a al menos 142 personas. El consejero ha requerido al Gobierno que explique las medidas planificadas para prevenir incidentes similares en el futuro, dado que la investigación de Salud Pública asoció el problema a deficiencias en la manipulación de alimentos proporcionados por un servicio de catering externalizado.

El consejero ha criticado el "caos migratorio" y lo que percibe como una "inacción del Gobierno central", demandando que se otorguen los recursos necesarios a comunidades autónomas y ayuntamientos para ayudar a las personas migrantes. Este llamado resalta la importancia de contar con recursos adecuados para abordar una situación que se ha prolongado a lo largo del tiempo sin señales claras de solución.

La crisis migratoria en España ha llevado a la necesidad urgente de habilitar espacios operativos, como el centro de La Cantueña, destinado a descongestionar la atención a menores no acompañados en la Comunidad de Madrid, que ha recibido a más de 2.000 de estos jóvenes durante el año en curso.

García Martín ha defendido el enfoque del centro de La Cantueña, que no solo ofrece un refugio, sino también educación y actividades recreativas, como clases de español, visitas a instalaciones deportivas, y prácticas laborales en colaboración con entidades sociales. Esta iniciativa busca proporcionar a los menores las herramientas necesarias para integrarse en la sociedad española y desarrollar habilidades para su futuro.

El centro de acogida ha generado controversia, especialmente por su localización alejada de áreas residenciales, institutos y parques, aunque la Comunidad ha informado sobre la existencia de conexiones de transporte público. Además, la gestión del centro ha facilitado vehículos para trasladar a los menores a actividades fuera de sus instalaciones, disminuyendo cualquier posible aislamiento.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió no admitir el recurso presentado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que solicitaba detener las obras, priorizando la situación de los menores migrantes sobre la normativa urbanística vigente. Esta decisión deja en suspenso la reversión de la cesión de terrenos, propiedad de la Comunidad, lo que ha llevado al consistorio a presentar otro recurso relacionado con la adjudicación de las obras por la vía de emergencia del Gobierno regional.