El Ayuntamiento de Madrid ha denunciado que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha decidido no investigar la posible existencia de una fosa con los restos de 451 brigadistas en los terrenos de Montecarmelo, donde se construirá un cantón de limpieza, y ha sido criticado por no cumplir con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.

Según informaron fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a Europa Press, el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros el 16 de febrero y otorgó un contrato a una empresa para llevar a cabo sondeos arqueológicos en esta parcela, pero alegaron que no se cuenta con la documentación requerida.

El 28 de febrero, la empresa solicitó al Ayuntamiento de Madrid permiso temporal para realizar los sondeos arqueológicos en la parcela con la finalidad de localizar a los brigadistas internacionales enterrados en el cementerio de Fuencarral. Sin embargo, el Ayuntamiento les pidió que en 10 días presentaran la superficie afectada y la autorización específica para estas actividades, como dicta la Ley de Memoria Democrática.

A pesar de que la empresa presentó un plano aprobado y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno, no cumplió con la autorización exigida por la Ley de Memoria Democrática, según declaraciones del Ayuntamiento.

Ante la falta de documentación requerida, el Ayuntamiento declaró la cancelación del permiso de ocupación temporal de la parcela, ya que la empresa adjudicataria y el Gobierno central no cumplían con los requisitos legales establecidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. En consecuencia, el Ayuntamiento envió la resolución de cancelación al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ayer.