Los ciudadanos de Usera y Villaverde han alzado nuevamente sus voces en una manifestación contundente, reclamando al Ayuntamiento de Madrid una reconsideración urgente respecto a la instalación de un crematorio en la M-40, junto a la avenida de Los Rosales. Esta acción, llevada a cabo el pasado domingo, refleja la inquietud de los vecinos, quienes expresan serias preocupaciones sobre la ubicación del crematorio en una zona residencial.

Cientos de manifestantes se congregaron frente al tanatorio de Parcesa, en respuesta a la reciente autorización, otorgada el 23 de agosto por el Gobierno municipal, que da luz verde a las obras del controvertido crematorio. Este proyecto ha resurgido en varias ocasiones; previamente, intentos de instaurarlo habían sido realizados en los años 2002, 2015 y 2021, lo que indica una continuidad de las tensiones entre las autoridades y la ciudadanía.

Uno de los puntos más críticos del debate se centra en la proximidad del crematorio a “250 metros de viviendas, parques, institutos y otros espacios de convivencia”, según afirman las asociaciones vecinales. Los manifestantes temen que la operación del crematorio arroje residuos contaminantes en áreas donde viven y estudian miles de personas, haciendo eco de un reclamo por el derecho a un ambiente saludable.

El presidente de la Asociación Vecinal de San Fermín, Víctor René, arremetió contra las decisiones tomadas por la Comunidad y el Ayuntamiento, denunciando que ignoran "documentos oficiales" que apuntan a la naturaleza contaminante del crematorio. Félix López Rey, concejal de Más Madrid, también se manifestó durante la manifestación, subrayando una preocupante tendencia: “el sur es el vertedero de toda la ciudad”, lo que pone en evidencia una aparente falta de equidad en la distribución de infraestructuras en la metrópoli.

René, por su parte, argumentó que “la incineración de cadáveres produce emisiones de monóxido de carbono y sustancias tóxicas”, cuestionando la legitimidad de un proyecto que, según él, debería ser reubicado si no se puede garantizar una emisión cero. Estas afirmaciones resaltan la creciente preocupación por la salud pública en el debate sobre la construcción del crematorio.

Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), su presidente, Jorge Nacarino, resaltó que “la autorización ambiental de la Comunidad de Madrid carece de base técnica”. Para él, la concesión de dicha licencia no ofrece ninguna solución tecnológica que mitigara los efectos negativos sobre el medio ambiente, argumentando que la única defensa para los ciudadanos es aumentar la distancia de estas instalaciones con respecto a las áreas habitadas.

El contexto legal también juega un papel importante en esta lucha. En 2021, el Tribunal Supremo dictó que el Ayuntamiento debiera atender la cuestión de la distancia al considerar que la normativa aplicable era obsoleta. Sin embargo, el Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida se limitó a actualizar esa normativa, estableciendo por ley que los hornos crematorios deben emplazarse al menos a 250 metros de los lugares de alta afluencia de personas.

Nacarino advirtió que la decisión de ubicar instalaciones que producen residuos en el sur de Madrid es una tendencia que se repite. “Estamos en una región y una ciudad donde la desigualdad es patente, y es habitual que estos proyectos se instalen en barrios que ya enfrentan múltiples desafíos”, declaró, añadiendo que esta ubicación no es un caso aislado sino parte de un patrón más amplio de injusticia social.

El mismo sentimiento lo compartió el concejal López-Rey, quien presionó al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, instándole a llevar el crematorio a una zona menos privilegiada, haciendo alusión a la falta de consideración por las comunidades vulnerables. “Literalmente es no tener vergüenza porque están incumpliendo las propias ordenanzas municipales”, remarcó firmemente.

A pesar de la oposición y la creciente preocupación ciudadana, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento defienden que la autorización de la licencia para construir el crematorio por parte de Parcesa se ajusta a la normativa vigente y responde a una decisión judicial que debe ser cumplida.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, junto a Carabante, sostuvieron la legalidad de la autorización ambiental concedida por el Gobierno regional, así como la licencia del Consistorio, aunque la propuesta ya había sido rechazada en tres instancias anteriores.

A partir del 16 de agosto, el Ayuntamiento aprobó la solicitud de licencia urbanística, tras evaluar que cumplía con la normativa de ordenación urbanística y la sentencia del Tribunal Supremo que la respaldó. Así, la reciente concesión es considerada un cumplimiento obligatorio a las decisiones del Tribunal que, en 2021, había ordenado al Ayuntamiento dictar una resolución revisada al respecto.