MADRID, 7 Nov. - El exconsejero de Asuntos Sociales Alberto Reyero ha comparecido este martes ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba para explicar la situación "anormal" que se vivió en una residencia de ancianos durante la primera parte de la pandemia de Covid-19. Durante estas semanas iniciales, no se realizaron derivaciones de contagiados por SARs-CoV-2 a hospitales, lo cual resultó en un número significativo de fallecidos en la residencia en comparación con los hospitales.

Reyero ha sido llamado a declarar junto con el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, como parte de la investigación relacionada con los protocolos de derivación de residencias de mayores a hospitales en el inicio de la pandemia. Esta investigación se centra en un caso en particular de una residencia. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de este procedimiento, en el que están implicados la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente. Estos cargos se enfrentan a acusaciones por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos.

El exconsejero de Ciudadanos ha afirmado que ha tenido la oportunidad de discutir los protocolos desarrollados durante el mes de marzo de 2020, pero no ha sido interrogado sobre la responsabilidad de la presidenta regional ni de los consejeros querellados. A pesar de la peculiaridad de la situación debido a las personas con cargos aforados, Reyero ha señalado la presencia de la Fiscalía y ha ofrecido explicaciones adicionales sobre el plan de choque implementado durante ese período.

Los magistrados han estimado un recurso presentado por una familia afectada y han ordenado que se continúe la investigación para determinar si hay indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro. En caso de que la investigación progrese, el Juzgado tendría que remitir el caso al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de la presidenta regional.

Según ha explicado el abogado Carlos Vila, representante de la familia afectada y letrado de Marea de Residencias, la médica de la residencia ha intentado derivar al paciente hasta en tres ocasiones, pero la geriatra de enlace no lo permitió debido a la falta de movilidad. El abogado ha destacado que la médica de enlace era responsable de la decisión final y que los protocolos eran de obligado cumplimiento para ella.

La juez ha anunciado que citará en próximas fechas tanto a Yolanda Fuentes, quien no ha podido ser localizada el día de hoy, como a la médico forense responsable del informe. El juzgado ha solicitado a la Consejería de Sanidad la entrega del Plan de choque contra las muertes en residencias, así como los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores durante la epidemia de Covid-19 en la región de Madrid, junto con los recursos sanitarios y EPIS proporcionados por la Comunidad de Madrid a las residencias, detallados por fechas.