En Madrid, el próximo viernes se llevará a cabo una vista judicial que podría marcar un hito significativo en la historia interna del PSOE. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha decidido llevar su caso a los tribunales tras ser expulsado del partido en diciembre de 2022, una medida que se adoptó en respuesta a su apoyo a Isabel Díaz Ayuso durante las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021.

La demanda, que denuncia una presunta vulneración del derecho de militancia, no solo se dirige contra el PSOE en su conjunto, sino específicamente contra Santos Cerdán, secretario de organización del partido, y la dirigente Marta López Expósito. Leguina busca su reincorporación al partido y reclama una indemnización de 18.000 euros como resarcimiento por los daños sufridos a raíz de su suspensión.

El expresidente no se conforma con una mera restitución; también exige que se reconozca la violación de su derecho fundamental a la militancia dentro del PSOE y que se frene el proceso que llevó a su expulsión. En un giro previo de los acontecimientos, un juez había desestimado sus solicitudes de medidas cautelares que pudieran revertir la decisión del partido, dejando en suspenso su lucha por la justicia interna.

Leguina argumenta que el fallo que aprobó su suspensión el 23 de noviembre de 2022 no solo es injusto, sino que también se traduce en un golpe a su derecho a participar en la esfera pública y limita su libertad de expresión, un principio fundamental en cualquier democracia saludable.

La controversia se intensificó tras las elecciones de mayo de 2021, cuando el PSOE decidió abrir un expediente de expulsión contra Leguina y Nicolás Redondo Terreros. Esta decisión se adoptó después de que ambos exdirigentes socialistas mostraran su apoyo a Ayuso en un mitin, incitando al partido a tomar medidas drásticas para salvaguardar su imagen y cohesión interna.

A pesar de que el expediente en contra de Redondo Terreros fue finalmente archivado dado que el partido entendió que no había solicitado el voto para el PP, la situación de Leguina continuó su curso. Este último recibió en su hogar un burofax que confirmaba su suspensión de militancia, un hecho que ha desatado un torrente de críticas y posibilidades de reforma dentro de la estructura socialista.