El juez que lleva la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha llamado a declarar como testigo a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. Este movimiento se produce a raíz de correos electrónicos que forman parte del caso y que indican que Álvarez estuvo involucrada en gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) mientras Gómez estaba al frente de un máster en dicha universidad.

Según ha informado Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado ha establecido la fecha del 20 de diciembre a las 11:30 horas para que Álvarez comparezca ante el tribunal. Como testigo, ella tiene la obligación de responder con veracidad a todas las preguntas formuladas durante su declaración.

Las acusaciones, que incluyen a los grupos Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Hazte Oír y Movimiento de Regeneración Política de España, han hecho referencia a la declaración del ex vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, quien confirmó que Álvarez acompañaba a Gómez en sus visitas a la universidad. Este testimonio ha llevado a las partes acusadoras a solicitar al juez que citara a Álvarez en el contexto de la investigación sobre los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marcas e intrusismo relacionados con Gómez.

El juez de Instrucción Número 41 de Madrid accedió a esta solicitud de las acusaciones. Esto ocurrió después de que la defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, presentara correos electrónicos que demuestran la implicación de Álvarez en gestiones relacionadas con la UCM, lo que podría sugerir que Gómez actuaba bajo órdenes de la universidad mientras era directora del máster.

Un correo electrónico obtenido por Europa Press revela que miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense se comunicaron con Álvarez para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio del sitio web del máster. En este mensaje, enviado el 6 de octubre de 2022, Morillo y Vaquero indicaban: "Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de 'contrato de cesión de derechos' a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación".

Este correo también se envió a Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. Además, incluía un mensaje anterior del 7 de septiembre donde se adjuntaba un formulario que debía completarse para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

Aunque Cristina Álvarez figura con un correo personal en esta cadena de correos, hay otros en el sumario que indican que también usó una cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno, donde se identifica como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. Esto sugiere que su papel no se limitaba solo a actuar como intermediaria entre Begoña Gómez y la empresa aseguradora Reale, sino que también jugó un papel activo en las gestiones con la UCM.

Entre los correos que la defensa presentó recientemente, hay uno enviado por María José Sánchez Rosales de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM a varias personas, incluyendo a Gómez y Álvarez. En este mensaje, fechado el 24 de abril de 2023, Sánchez Rosales señala que "el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña", aludiendo a documentos que son parte del caso de intrusismo en el que se investiga a Gómez.

Además, otro correo del 11 de mayo de 2023 propuesto por Sánchez Rosales contiene una propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares que fue enviado a Gómez y Álvarez. La defensa de Gómez ha solicitado que se cite a declarar como testigos a las dos miembros de la OTRI y a Sánchez Rosales, aunque hasta el momento el juez no se ha pronunciado sobre esta solicitud.