El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, se encuentra en el centro de un debate sobre su supuesta implicación en un caso de malversación. A través de la Abogacía del Estado, Aguirre ha desmentido enérgicamente su participación en la designación de Cristina Álvarez, quien actúa como asesora de Begoña Gómez en Moncloa, y ha expresado su rechazo a ser juzgado por un jurado popular.

Este desarrollo se produce en el ámbito de una investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado, quien, según los informes, ha señalado que tanto Aguirre como Gómez y Álvarez podrían enfrentar un juicio por malversación. Sin embargo, en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, la representación legal de Aguirre ha solicitado el archivo de la causa, argumentando que no fue parte en el nombramiento de Álvarez.

Los representantes legales del Estado argumentaron que Aguirre no tuvo ningún rol en la decisión de contratar a Álvarez con fondos públicos, ya que asumió su puesto como secretario general de Presidencia tres años después de la supuesta infracción, concretamente el 20 de julio de 2021. Este hecho, según su defensa, pone de manifiesto la falta de fundamentos que justificarían su imputación.

Además, la Abogacía del Estado alega que la acusación se basa únicamente en la posición jerárquica de Aguirre, sin ofrecer pruebas concretas que lo vinculen a cualquier irregularidad. Insisten en que no hay elementos probatorios que avalen la idea de que tuviera conocimiento de las actividades de su subordinada, lo que debilita notablemente la acusación en su contra.

En un contexto más amplio, la Abogacía destaca que las alegaciones iniciales de irregularidad han sido refutadas por documentos presentados en el caso, así como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que previamente había desestimado investigaciones similares relacionadas con otros altos funcionarios. Según su presentación, el caso de Aguirre carece de fundamento jurídico y fáctico, sugiriendo que las acusaciones no tienen una base sólida.

La defensa de Aguirre subraya la necesidad de un juicio justo y la integridad del proceso judicial, insistiendo en que mantener la imputación sin evidencia concreta no solo es injusto, sino que también subraya un vacío en la argumentación de la acusación. Con este enfoque, Aguirre se posiciona como un defensor de sus derechos y de los procedimientos legales adecuados en un caso que ha captado la atención pública y mediática.