IVIMA imputa a cuatro detenidos durante el desalojo de La Atalaya por un delito leve de usurpación

MADRID, 17 de diciembre.

La defensa legal del conocido centro social La Atalaya, ubicado en Puente de Vallecas, ha presentado su postura ante el juez de Instrucción número 35 de Madrid, argumentando a favor del uso comunitario del edificio que ha estado ocupado durante más de diez años. Esta intervención se produce en el contexto de la acusación de usurpación planteada por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), que pretende desalojar el inmueble.

El centro, que se encuentra en el número 2 de la calle Puerto de Milagro, fue objeto de un desalojo sorpresivo el 26 de noviembre, desencadenando una operación policial que resultó en la detención de cuatro personas que utilizaban las instalaciones en ese momento. En el interior del edificio operaban diversas iniciativas comunitarias, como una biblioteca, una ludoteca, un rocódromo y una despensa social, entre otros espacios destinados al desarrollo social del barrio.

Este martes, los cuatro detenidos han comparecido en el banquillo de los acusados en los juzgados de instrucción de Madrid, tras la acción del IVIMA. La defensa solicitó una multa que asciende a cuatro meses a razón de diez euros diarios por el supuesto delito leve de usurpación.

Durante la audiencia, el abogado Erlatz Ibarrondo defendió el papel del centro como un recurso vital para la comunidad, argumentando que si el IVIMA realmente buscara un uso social para las instalaciones, no hubiera dejado el edificio en un estado de abandono durante años. “La Atalaya era el pulmón social de este barrio”, enfatizó Ibarrondo al concluir la vista oral, en la que también testificaron varios vecinos que apoyan al centro social.

Los usuarios de La Atalaya sostienen que el espacio no debe ser considerado simplemente un inmueble okupado, sino un verdadero centro de actividades sociales que ha servido, por ejemplo, para entregar alimentos a aquellos vecinos que más lo necesitaban durante los tiempos difíciles de la pandemia.

Después del desalojo, residentes del barrio denunciaron que un grupo de trabajadores comenzó a realizar labores destructivas en el interior del centro, derribando tabiques, retirando ventanas y levantando el suelo con el propósito aparente de inutilizar el espacio.

La Atalaya, que fue anteriormente un instituto de secundaria en desuso, fue ocupado y transformado en un centro social hace aproximadamente una década, en diciembre de 2014. Desde entonces, ha servido como un punto de encuentro para la organización de asambleas, conciertos, actividades de escalada y talleres diversos que han contribuido a la cohesión social del área.

Antes del desalojo de noviembre, el centro había enfrentado varios intentos de desalojo que no se concretaron. En 2016, el IVIMA llevó a juicio a varias personas vinculadas a La Atalaya, pero el caso quedó sin efecto al prescribir el proceso judicial.